Buena nota debiéramos tomar todos del artículo que seguidamente presento, gentileza del periódico online “Diario16.com”, sobre la resolución del Tribunal Supremo en juicios de hipotecas con IRPH
La decisión del
Tribunal Supremo es un claro desafío al TJUE que puede tener como consecuencia
el envío de «hombres de negro» al Consejo si no hay una rectificación inmediata
como ya ocurrió con el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados,
aunque entonces a quien beneficiaba un cambio de decisión era a la banca y no
al pueblo.
El Tribunal Supremo
adoptó una decisión absolutamente incomprensible respecto al IRPH que ha
supuesto un golpe para los afectados, sobre todo después de la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se declaró, con
meridiana claridad, que, si no se supera el control de transparencia, la
cláusula es abusiva y, por tanto, nula. Sin embargo, el Supremo decidió en los
4 asuntos tratados que hubo esa falta de transparencia pero que no detectó
abusividad. ¿Cómo es posible un sinsentido de tal calibre?
Además de destrozar,
una vez más, el prestigio de las instituciones democráticas españolas, esta
rebelión en contra de Europa llega en un momento en el que está en juego la
renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juristas consultados
por Diario16 afirman que todo esto no es más que la consecuencia de tener una
administración de Justicia anquilosada en los cánones napoleónicos y de la
soberbia del órgano de gobierno de la judicatura porque no han aceptado aún que
el derecho comunitario es prevalente.
La decisión adoptada
por el Supremo de ignorar totalmente la decisión del TJUE puede tener consecuencias
por parte de la Comisión Europea. Diferentes expertos en derecho comunitario
consultados por Diario16 coinciden en el hecho de que Europa podría llegar a
intervenir el Supremo si incumple la sentencia del TJUE. «La Comisión podría
enviar “hombres de negro” al Consejo General del Poder Judicial, y desde allí
sancionar a los jueces que no apliquen derecho de la Unión, al igual que pasó
con la economía», afirma a este medio un experto abogado en derecho
comunitario.
Una sentencia del
TJUE, en referencia a los tribunales de Polonia, indicaba claramente que los
jueces de los distintos países miembros ya no lo eran en exclusiva de los
Estados, sino que todos los jueces, por la cesión de soberanía de los países,
lo son, con prevalencia, de la Unión Europea.
Por tanto, están
obligados a cumplir de manera estricta las decisiones adoptadas por el TJUE que
van en contra del derecho comunitario y, en el caso del IRPH el Supremo se ha
rebelado contra la decisión de los tribunales europeos al no declarar la abusividad
del índice a pesar de reconocer la falta de transparencia.
«La sentencia de
Polonia afirma que los jueces de cada país son jueces de la Unión. No hay más
jueces españoles, belgas o franceses. Hay jueces de la Unión de Bélgica, España
o Francia, que aplican el derecho de la Unión y el del país. Para hacer un
paralelismo, es el mismo caso que el de un juez de Madrid que va a Barcelona y
ha de aplicar el derecho español y el derecho foral catalán», afirman las
mismas fuentes judiciales.
Por tanto, a partir
de ahí se puede esperar cualquier reacción de Europa, incluida la de la
intervención por parte de la Comisión del Consejo General del Poder Judicial,
porque en Luxemburgo ya tienen que estar muy hartos de estar recibiendo cada
año miles de cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación que
algunos tribunales españoles hacen de los derechos de la ciudadanía respecto a
los abusos de la banca.
Fuente: Diario16.com