Difícilmente jueces europeos vean terrorismo en conductas de Puigdemont
La decisión del Tribunal Supremo de investigar al dirigente soberanista catalán por organizar una banda armada no tiene precedentes en el derecho de la UE, que al ser eurodiputado procede solicitar suplicatorio al Parlamento Europeo, que está por ver si es concedido.
Sin duda, el tribunal ha
decidido atravesar un peligroso Rubicón al aceptar las tesis del juez
García-Castellón, un magistrado que se ha mostrado abiertamente en contra de la
amnistía a los encausados por el procés. Cabe recordar que el juez de la
Audiencia Nacional (órgano judicial en el que aterrizó en 1993 para sustituir a
Baltasar Garzón) se encuentra en el ojo del huracán por defender los intereses
del PP en ciertos momentos de su trayectoria profesional.
Pues éste
magistrado es el que ha puesto al Supremo ante la difícil tesitura de sentar en
el banquillo de los acusados a Puigdemont, el anticristo de la derecha política
y judicial de este país. El alto tribunal podría haber desestimado la
instrucción, pero nos encontramos en un momento culminante de la historia de
España, cuando Pedro Sánchez trata de cerrar heridas con Cataluña, pasando
página, con la amnistía.
Es
evidente que la decisión tomada por el Supremo trasciende lo judicial para
meterse de lleno en el terreno de la política. De modo que hay motivos para sospechar que estamos ante un nuevo caso de lawfare o guerra sucia jurídica. Y
no solo eso, sino que todo el mundo sabe que la Justicia europea no va a
comprar la tesis de que Puigdemont es un terrorista.
El
expresident puede ser un sedicioso, alguien que conspira para destruir el
Estado español en pos de la independencia de Cataluña, pero nadie lo ve como el
nuevo sanguinario Txapote. Si los autos de extradición y euroórdenes del juez
Llarena se disolvieron más allá de los Pirineos, caben muchas posibilidades de
que la más que forzada y retorcida con calzador instrucción de García-Castellón
podría seguir el mismo camino.
Países
como Suiza, Bélgica, Alemania e Italia ya han dicho, no, a tratar a Puigdemont
como si se tratase de un miembro de ETA o del IRA, y nada hace pensar que la
jurisprudencia vaya a cambiar. Pese al auge de la extrema derecha en todas
partes, Europa sigue siendo garantista con los derechos humanos y hay que
llevar una resolución judicial muy bien fundamentada para convencer a un
magistrado de la UE.
Todo
apunta a que la Justicia española sigue sin tomar nota de cómo funcionan las
cosas en el espacio Schengen. Tratando de empapelar por organización terrorista
al expresident impulsor del procés los jueces pueden volver a cometer el mismo
error por segunda vez, porque cuando el Supremo envíe el requerimiento a la
Justicia belga, ese novelón negro con más imaginación patriótica que
fundamentos jurídicos, ningún jurista de aquellas tierras va a entender nada.
¿Pues
dónde están las bombas lapa, los asesinatos, los secuestros y la estructura
criminal que se supone rodean a todo grupo armado?
El
juez García-Castellón ha levantado un extraño constructo donde una
manifestación popular más o menos violenta se convierte en terrorismo, donde la
única víctima mortal es un ciudadano extranjero que lamentablemente y por
desgracia murió de un infarto en un
aeropuerto tomado por los manifestantes y donde un líder o cabecilla que
siempre ha apelado a la vía pacífica para alcanzar sus objetivos políticos, con
los que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero siempre encauzados por
procedimientos democráticos como el derecho a votar.
Un
juez belga, cuando reciba este dosier, quedará estupefacto al comprobar cómo un
colega español pretende que vea terrorismo donde él solo ve una protesta
cívica.
Los
primeros varapalos ya han llegado después de que la Oficina Federal de Justicia
suiza (OFJ) haya suspendido la tramitación de la comisión rogatoria cursada el
pasado mes de noviembre por el juez en la que se solicitaba información sobre
el paradero de Marta Rovira, huida de la Justicia española.
Mucho
nos tememos que abocan a este país a sufrir un nuevo y espantoso ridículo
internacional que solo servirá para incrementar la imagen de república bananera
del Estado español y para reforzar la posición del fugado y refugiado en
Waterloo.
Puigdemont,
que estaba más débil que nunca, máxime después de que el Parlamento Europeo
hubiese acordado investigar a fondo la trama rusa del procés y los posibles
contactos de los líderes soberanistas con la Rusia de Putin. Y ahora son los
jueces españoles, que con la politización de la justicia y sus posiciones
maximalistas y ultras, están dando oxigeno y haciendo crecer al independentismo
que, hasta ayer mismo, estaba de capa caída.
Fuente:Diario16.es
EDITORIAL
Probablemente
se necesite retocar algún artículo del Código Penal
Entiendo, no estaría demás matizar, lo que correspondiese del Código Penal en los artículos que correlativamente van del 570 al 573 bis, en lo concerniente a la definición de terrorismo callejero, diferenciándole claramente respecto del de desórdenes públicos, puesto que, estos últimos, a mi juicio, en ciertas ocasiones van dirigidos por uno o varios políticos, unas veces de derechas o ultraderechas y otras de izquierdas o ultraizquierdas, con el firme propósito de desestabilizar al Gobierno y por tanto al Estado. Pero claro, ocurre que casi nunca puede demostrarse, o igual interesa que así sea.
En concreto me estoy refiriendo, a manifestaciones, más o menos violentas (donde en algún caso hubo hasta 30 policías heridos en un solo día) que con la excusa de la amnistía, se produjeron en las inmediaciones del Congreso de Diputados, de Ferraz y/o de Moncloa, de los fervientes seguidores de PP y Vox, siguiendo indicaciones y exhortaciones públicas de, Abascal, Feijóo, Aznar, Ayuso y compañía, que desde luego, no creo el Tribunal Supremo esté considerando imputar por terrorismo a los mencionados líderes de PP y Vox, como por contra, aseguran jueces y fiscales del TS, que así consta en la ley en el caso de Puigdemont.
Curiosa la distinta vara de medir de la Justicia, dependiendo de la persona de quien se trate, que además, desde mi opinión entiendo, no es un modo muy democrático ni constitucional de proceder.
Fuente: Redacción
POSDATA
Informe Comisión Venecia avala amnistía
El borrador filtrado no se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, como el PP difunde a los cuatro vientos
- Según EFE, el
documento no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de la ley de
amnistía, “que es una cuestión que en última instancia debe decidir el
Tribunal Constitucional”, ni sobre la incompatibilidad con el Derecho de la
Unión Europea.
- El borrador
avalaría la posibilidad de una ley de amnistía siempre que cumpla con los
requisitos de legalidad, respeto al derecho internacional, seguridad
jurídica al definir con claridad los actos amnistiados y las excepciones,
una tramitación que permita debate y participación y respeto a la
independencia del poder judicial.
- El borrador
señala que, en general, las amnistías están motivadas por razones de
reconciliación social y política, unos “objetivos
legítimos que deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos
coherentes”, entre los que apunta la inclusividad, la participación, los
plazos adecuados y los debates públicos.
- Según el
documento para la Comisión de Venecia esta proposición de ley de
amnistía registrada en el Congreso “no afectaría a la separación de
poderes, ya que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos
concretos conforme a la norma”. Sin embargo, sobre que la proposición de
ley se tramite de urgencia, apunta que “los procedimientos legislativos
acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía”.
- Advierte de
que la proposición “ha provocado una profunda y virulenta división en la
clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo
académico y en la sociedad de España” y anima a todas las autoridades a
tomarse “el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo”.
Fuente: EFE
