Predominio de los representantes de las asociaciones judiciales que cubren el espacio ideológico de la derecha o el centro-derecha e infrarrepresentación de las minorías y de los no asociados a pesar de que son casi la mitad de la carrera.
Las salas de gobierno cumplen
principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales. No
obstante, son órganos internos clave, pues aprueban las normas de reparto de
los asuntos, proponen magistrados suplentes o tienen facultades disciplinarias,
entre otras funciones. Su número de integrantes es variable porque depende del
tamaño del tribunal autonómico en relación al número de provincias. Están
constituidas por miembros natos y electos, que son los que se eligen a través
de este modelo de elección directa y listas abiertas. Se votan personas, no
candidaturas cerradas. De hecho, en una misma candidatura puede haber miembros
de varias asociaciones y no asociados. Las últimas elecciones, de las que
derivan estas cifras, se celebraron en noviembre de 2019.
Según los datos oficiales del censo de
ese momento —que apenas han variado—, la carrera judicial está formada por
5.419 jueces y magistrados. De ellos, el 55% forma parte de alguna de las
asociaciones profesionales reconocidas por el CGPJ. El otro 45% no está asociado.
Pese a ello, las asociaciones coparon el 89% de los puestos en liza en la
última elección a las salas de gobierno: 95 de 108. Por contra, sólo resultaron
elegidos 13 jueces no asociados.
El dominio de las asociaciones que
cubren el espacio de la derecha o el centro derecha es total. Principalmente,
de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura
(APM). Con sus 1.339 asociados representa al 25% de los jueces y tiene 56
miembros electos en las salas de gobierno, prácticamente la mitad del total. Le
sigue la Francisco de Vitoria, de carácter moderado y segunda en número de
afiliados con el 16% de la carrera. Accedió al 23% de los puestos, un total de
25. Así, según estas cifras, la APM y la Francisco de Vitoria acceden al 75% de
los puestos electos en las salas de gobierno aunque solo representan al 41% de
los magistrados.
En tercer lugar aparece Foro Judicial
Independiente, también moderada, que representa al 6% de la carrera y tiene el
10% de los miembros electos, con una decena. La peor parada es la progresista
Juezas y Jueces para la Democracia. Representa al 15% de la carrera con sus 462
afiliados y solo tiene tres miembros electos en las salas de gobierno.
Este sistema mayoritario puro ha
recibido críticas de las asociaciones que no son la mayoritaria por limitar las
opciones de las listas que no son la más votada a pesar de que sí tengan cierto
apoyo. Y, en consecuencia, por no reflejar el pluralismo existente en el cuerpo
electoral. En 1999 las tres asociaciones judiciales minoritarias no
concurrieron a los comicios en protesta por un sistema electoral que,
denunciaron, “no permite la representación de las minorías”, según contó El
País.
El análisis en detalle de los
resultados de las últimas elecciones evidencia el predominio de los
representantes de la asociación conservadora y la infrarrepresentación de las
asociaciones minoritarias y, sobre todo, de los jueces no asociados. Así, la
mayoritaria APM se hizo con el 100% de los puestos en juego en la Audiencia
Nacional y los tribunales autonómicos de Madrid, la Comunitat Valenciana,
Galicia y Castilla-La Mancha. Y, además, obtuvo la mayoría absoluta en los de
Catalunya y Andalucía.
Las candidaturas de la Francisco de
Vitoria, segunda en número de afiliados, obtuvieron el 100% de los puestos
electos en las salas de gobierno de los tribunales de Cantabria, Extremadura y
Murcia y la mayoría absoluta en Canarias. Foro Judicial Independiente, por su
parte, logró los seis puestos en liza en el tribunal de Aragón y también tiene
representación en Castilla y León, La Rioja y Navarra.
Juezas y Jueces para la Democracia
sólo tiene tres representantes: en el Tribunal Supremo y en los tribunales
autonómicos de Asturias y Catalunya. Los no asociados sólo son mayoría en los
tribunales autonómicos de La Rioja y Castilla y León, si bien hay también
jueces no asociados en las salas de gobierno del Supremo (2) y el TSJ de
Navarra (1).
Fuente: El
Diario.es
