El Estado todavía debe 35.000 millones a las entidades financieras, que ya han cobrado 15.000 en una década, por la Sareb, el engendro-trágala que Rajoy y De Guindos vendieron como una panacea sin coste para la borrachera de crédito de la burbuja.
La deriva de la Sareb (Sociedad de Gestión
de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria), una de las tres patas
clave del rescate (junto con los avales y las inyecciones directas de dinero)
al sacar de los balances de los bancos créditos fallidos e inmuebles de difícil
colocación por valor de 200.000 millones de euros a cambio de deuda pública por
valor de 50.000, está teniendo un impacto directo en las cuentas públicas: de
34.145 millones de euros en deuda pública, tras haber liquidado ya los más de
17.500 que restan para llegar a los 50.781 entregados como pago a cuenta a la
banca, y 9.891 como déficit por las pérdidas acumuladas al cierre de 2020,
según recoge el decreto por el que el Consejo de Ministros aprobó la semana
pasada la toma de control de la entidad por el FROB (Fondo para la
Reestructuración y Ordenación del sistema Bancario), cuyo texto ya advierte de
que "en los sucesivos ejercicios, las operaciones de disposición de su
activo por parte de Sareb, así como sus resultados contables afectarán al saldo
de las cuentas nacionales del sector de las Administraciones Públicas", lo
que "hace necesario que la estructura accionarial y de control de la
sociedad refleje la realidad económica".
"La operación de la Sareb
encubrió el coste del rescate bancario, porque lo que fue a la Sareb era una
parte de su coste", indica Julio Rodríguez, expresidente del Banco
Hipotecario y miembro de Economistas Frente a la Crisis, que explica cómo
"el Gobierno [de Rajoy] cambió cromos, cambió activos por deuda, y ahora
el Gobierno actual tiene que pagar esa deuda y tratar de vender al mejor precio
posible esos activos" que siguen pendientes.
Esa deuda pendiente "se irá
devolviendo conforme la Sareb pueda ir cerrando ventas", destaca Esteban
Sánchez, socio director del área de Banca de AFI (Analistas Financieros
Internacionales), que anota cómo "las entidades que se encontraban en
proceso de reestructuración" cuando se fundó la Sareb en 2012, todas las
principales menos BBVA "realizaron un saneamiento de casi 150.000 millones
de euros" con esos traspasos de activos a cambio de deuda pública.
"Es todo un cúmulo de
despropósitos", señala el economistas Carlos Sánchez Mato, que recuerda
cómo una de las claves de su puesta en marcha fue "que no reventaran las
cuentas del Estado en 2013, pero esas cifras han acabado aflorando en 2020, con
otro Gobierno", cuando la UE dictaminó que la deuda con la que la Sareb
compró los activos es deuda pública y que su déficit es déficit público.
Un descomunal agujero que dobla el
coste del rescate bancario
Casi una década después de su puesta
en marcha, los números de la Sareb reflejan una situación nada boyante, aunque,
quizá por aquellas cosas de las cuentas del gran capitán, eso no ha impedido
que los banqueros, políticos y técnicos que han ido pasando por su consejo de
administración se hayan repartido 37 millones de euros en remuneraciones, según
datos de la propia compañía.
Esa gestión arroja 5.771 millones de
euros de pérdidas al cerrar todos los ejercicios en rojo y con un récord de 1.073
en 2020 que puede verse superado con las cuentas de 2021 tras acumular 650 en
el primer semestre.
A esos resultados operativos, que se
han comido los 3.800 millones de euros de fondos propios con los que nació la
entidad, se les suma un patrimonio neto negativo de 10.528 que sitúa el agujero
de la compañía en el entorno de los 16.300, una cifra cercana a la ya liquidada
por una parte de la deuda con la que el Estado compró esos activos.
El colofón de esas pérdidas está en
dos operaciones de financiación: un swap para prevenir subidas de los tipos de
interés en el periodo 2017-2023 que acumula un coste de 3.952 millones, con una
media de alrededor de mil al año, y una modificación de los bonos que la banca
entregó como moneda a los bancos que desde hace tres años veta la aplicación de
tipos negativos y que ya ha generado otro de 483 que lleva camino de
duplicarse.
Deuda pendiente por un lado y por otro
las pérdidas operativas y el patrimonio negativo, cuya cuantía supera la de la
deuda liquidada, suman un agujero de más de 52.000 millones de euros que, a la
espera de añadir los que vayan sumando por el swap y los bonos, los 900 de
capital de origen estatal consumido y los alrededor de 2.000 que los bancos que
van a salir del accionariado van a conservar como créditos fiscales, que son
descuentos a aplicar en el Impuesto de Sociedades, no andan lejos de duplicar
los 65.725 en los que el Banco de España cifraba el coste del rescate en la
última nota que ha emitido sobre esa operación, y que lleva más de dos años sin
ser actualizada, aunque en realidad serían 73.261 a la espera de ir descontando
los dividendos que pueda ingresar de CaixaBank.
La cartera de inmuebles de Sareb ha
seguido creciendo
La Sareb dispone de activos valorados
en algo más de 31.000 millones de euros para paliar ese desaguisado enjugando
la amortización de la deuda pública con los ingresos que pueda ir obteniendo.
Se trata de 46.162 viviendas, 36.693 espacios anexos a estas, 20.246 obras en
curso y 30.016 terrenos, 79.000 hectáreas de suelo ‘finalista’ y 90.000 de
rústico.
No obstante, un vistazo a la
estructura de esas cartera proyecta más dudas que certezas sobre la viabilidad
de la operación: una década después, los 50.781 millones de activos se han
reducido a 31.800, con una reducción global del 37,4% que supera la mitad en
los activos financieros (de 39.438 a 16.851) mientras los inmobiliarios han
seguido creciendo (de 11.343 a 14.949).
Una década después, el banco malo ha
colocado el 57% de los créditos tóxicos que adquirió mientras el valor teórico
de su cartera de ladrillo aumentaba casi un 32%.
"Es el Estado quien tiene el
principal interés económico en la marcha de Sareb así como quien soporta la
mayor parte del riesgo asociado a su actividad", reseña el Gobierno en el
decreto
"Es el Estado quien tiene el
principal interés económico en la marcha de Sareb así como quien soporta la
mayor parte del riesgo asociado a su actividad", reseña el Gobierno en el
decreto, en el que se refiere al "plan de negocio y la capacidad de
generar flujos de caja" como "factores cruciales para minimizar el
potencial impacto de la ejecución del aval en el momento del fin de la vida de
la compañía en 2027".
De ahí las tres decisiones clave del
gabinete: tomar la mayoría a través del FROB, adecuar "las políticas
remuneratorias de la compañía al principio de eficiencia presupuestaria",
lo que equivale a frenar en seco los dispendios en la retribución de los
consejeros, y habilitar a la compañía para "ceder viviendas a entidades
públicas o entidades no lucrativas" y a comunidades autónomas para
dedicarlas al alquiler social.
Esa última medida entraña la decisión
de no enajenar al menos una parte de los inmuebles, de escasa habitabilidad en
algunos casos y de bajo atractivo o demanda en otros por su deterioro, por
estar inacabados o por hallarse en el medio rural, y de generar ingresos a
través del mercado del alquiler.
Un costoso proceso para crear gigantes
con pies de barro
La decisión de que la Sareb comience a
intervenir en el mercado de la vivienda parece tomada cuando el decreto la
habilita para comprar y vender inmuebles y para tener tratos con bancos (aunque
no se encuentren en proceso de resolución) y con otros operadores financieros,
algo que, por otra parte, abre una derivada de consecuencias imprevisibles en
el atribulado debate político español por la abundancia de inmuebles en zonas
turísticas como el arco mediterráneo.
Hasta ahora, "la Sareb, por la
normativa con la que nació, solo podía comprar activos a bancos en
resolución", recuerda Sánchez, que anota que "era un instrumento de
resolución cuya finalidad era liberar de esos riesgos a las entidades".
"Sareb compró los activos por un
52,5% del valor por el que estaban anotados en los libros de los bancos, y se
vio que compraba caro", indica Rodríguez, que añade que "ha habido
pérdidas porque lo que compraron se ha vendido más barato y porque, con la
gente ilustre que ha pasado por ahí, contrataron un swap para protegerse de las
subidas de los intereses. El Estado debe intentar vender a mejor precio".
Los cálculos del socio minoritario de
la coalición de gobierno incluían algunas alternativas que, al menos por ahora,
parecen descartadas.
"Tiene capacidad para generar
420.000 viviendas, y eso podría generar para la inversión necesaria unos
rendimientos del 1,7%, superiores a los que ahora se obtienen en los mercados
financieros", explica Sánchez Mato, que anota que destinar a la producción
de energía renovable los suelos de su cartera con precios similares a los de
las últimas subastas (30,5 euros en Mw.h) permitirían amortizar la inversión en
quince años.
"Ese suelo tiene potencialidades
como abaratar el precio de la luz o el de la vivienda, pero esas propuestas han
sido rechazadas. En los dos casos hay posibilidades de hacerlo rentable",
anota, antes de apuntar que "el banco malo fue una obligación del
memorándum de entendimiento de España con la UE, y tenemos la obligación de
hacerlo rentable. Hay posibilidades de convertir un pozo sin fondo en un
instrumento de políticas públicas".
El rescate, Sareb incluida, sí acabó siendo beneficioso
para un sector bancario español que en una década alcanzó el mayor grado de
concentración de su historia tras engullir 52 bancas y cajas de ahorro en una
retahíla de fusiones regadas con dinero público que han supuesto la supresión
de cerca de 100.000 empleos, el cierre de alrededor de 10.000 oficinas y la
creación de un selecto grupo de gigantes con pies de barro cuya potencialidad
para generar riesgos de carácter sistémicos crecía con cada absorción.
SAREB. La herencia envenenada del
banco malo del PP
La Sareb afronta su nacionalización
cargando con la pesada losa de una deuda de 34.000 millones
El nombre por el que se conoce a la
institución, “banco malo”, en realidad es La Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), y en las próximas semanas pasará
a manos del Estado, y con una deuda de 34.000 millones de euros. Durante casi
una década, casi todo lo que podía salir mal le ha salido mal al banco malo.
Pero sus gestores confían en que cuando se extinga la Sareb, en 2027, la deuda
final sea bastante menor, en torno a los 10.000 millones.
De la Sareb a las radiales y el
Castor: socializar pérdidas le cuesta al contribuyente 73.000 millones de euros
El Gobierno del PP prometió que el rescate
financiero y de las autopistas quebradas no supondría “ni un euro”, pero el
Estado asume la deuda de 35.000 millones del banco malo, sólo ha recuperado el
9,8% de las ayudas a la banca y arriesga 4.500 millones por las radiales
Abertis reclama 3.826 millones por el fin de
la concesión de la AP-7, mientras que ACS cobró 1.350 millones por el depósito
de gas de Vinarós y exige 700 más por el túnel del Pertús
La nacionalización del banco malo, que
acaba de decidir el Consejo de Ministros en un decreto ley, es sólo el
penúltimo caso en que los contribuyentes terminan pagando sumas milmillonarias
por fiascos que, en principio, no les iban a costar “ni un euro”. Esa fue la
promesa del Gobierno respecto al rescate financiero, en palabras del exministro
del PP Luis de Guindos. También la que repitió su compañera de partido y
exministra Ana Pastor sobre las autopistas radiales quebradas. Pero la compra
del banco malo resulta ser especialmente escandalosa no sólo por su cuantía,
unos 35.000 millones de euros, sino porque, además, el desembolso viene a
sumarse a los 66.577 millones de euros públicos que ya ha costado el rescate
financiero entre 2012 y 2018, según los últimos cálculos del Tribunal de
Cuentas.
Fuente: Publico.es ; Infolibre.es ; El Pais.com