23 de mayo de 2026

ANALISIS Y OPINIÓN. Demócratas versus iliberales en España.

Del resurgimiento en España de la derecha radical iliberal y de los extremismos, frente al auge de los partidos demócratas  constitucionalistas, junto a los movimientos de los antifascistas.

El panorama político actual en España viene marcado por una polarización creciente, no solo en el plano electoral, sino también en la esfera social y cultural.


 En este escenario confluyen en España, por un lado, el resurgimiento de una derecha radical iliberal y de distintos extremismos (bien representados en el Parlamento por PP y Vox) y, por el otro, la consolidación de contrapartidas democráticas y antifascistas que intentan contener y neutralizar su avance. El resultado es un campo de fuerzas en el que la disputa por el modelo de sociedad, por las instituciones y por el significado mismo de la democracia, se vuelve cotidiana.

El resurgimiento de la derecha radical iliberal

El avance de la derecha radical iliberal se articula mediante un conjunto de rasgos coherentes que, aunque varían en intensidad según el actor político, forman un patrón reconocible. En primer lugar, destaca su discurso soberanista, basado en la reivindicación de una supuesta "primacía nacional" frente a los organismos de la Unión Europea y también respecto a los residentes en España. No se trata únicamente de defender la soberanía en abstracto, sino de plantearla como un veto sistemático a la integración: Bruselas aparece como el “centro” al que se acusa de imponer decisiones ajenas a la voluntad popular.

En segundo lugar, se observa una agenda antiglobalista particularmente hostil a políticas asociadas a marcos internacionales como la Agenda 2030. El rechazo no es puntual, sino estructural: se presenta cualquier orientación global como una amenaza para la autonomía económica o como una imposición cultural.

Un tercer eje es el control institucional, donde la estrategia no se limita a disputar elecciones, sino a condicionar el funcionamiento del poder. La voluntad de influir directamente en los órganos del poder judicial revela una tensión con los equilibrios propios del Estado de derecho: la democracia liberal deja de entenderse como reglas de juego y pasa a concebirse como un instrumento a controlar desde la política y/o desde la judicatura. ¿Les suena la policía patriótica o la sentencia condenatoria sin pruebas verificables contra el el exfiscal general del Estado?

A ello se suma una oposición migratoria que apuesta por el endurecimiento radical de las fronteras. La migración funciona en este relato, como explicación simplificadora de problemas sociales y como catalizador emocional para consolidar identidades políticas cerradas. En paralelo, se desarrolla una batalla cultural: se combaten activamente las leyes del movimiento feminista y LGTBIQ+, no tanto como políticas concretas, sino como símbolos de un cambio social que se percibe como “amenaza” a un orden tradicional.

Finalmente, la derecha radical iliberal promueve un nativismo económico: defiende el proteccionismo frente a mercados e inversiones extranjeras, y traduce el conflicto político en términos de “nosotros” frente a “ellos”. En conjunto, el proyecto busca cohesionar a sectores sociales mediante miedos, identidades y antagonismos, y lo hace en un contexto de crisis de confianza hacia instituciones que perciben como distantes o ineficaces.

El auge de los partidos demócratas constitucionalistas

Frente a ese avance, emerge con fuerza un bloque de demócratas constitucionalistas que intenta sostener el marco institucional como límite y antídoto. Su núcleo es la defensa del marco constitucional: se reafirma la vigencia y estabilidad de la Constitución de 1978 como garantía de convivencia, pluralismo y derechos. Frente a la lógica iliberal —que tiende a desbordar controles y a desacralizar reglas—, el constitucionalismo se presenta como una apuesta por la continuidad democrática y por el respeto a los procedimientos.

Otra característica esencial es la construcción de bloques de coalición. El objetivo explícito es frenar la entrada de extremistas en las instituciones mediante alianzas amplias, incluso entre fuerzas que no comparten todo, pero que coinciden en lo fundamental: preservar el carácter democrático y constitucional de los poderes públicos.

Asimismo, se refuerzan los vínculos con el proyecto institucional europeo, defendiendo la conexión política y económica con Bruselas como un marco que, aunque debatible, ofrece seguridad jurídica y cooperación. Este enfoque contrapone la visión de la estabilidad democrática como resultado de la coordinación y el pluralismo, frente a otra utilitarista y nacionalista del poder.

También aparece el consenso autonómico, es decir, la defensa del modelo del Estado de las Autonomías frente a tendencias centralizadoras. En esta visión, la diversidad territorial no es un problema a eliminar, sino un componente a gestionar democráticamente.

Por último, los demócratas constitucionalistas proponen reformas moderadas: actualizaciones legislativas y políticas públicas dentro de los cauces legales. En lugar de rupturas o desbordamientos, se opta por la corrección gradual como vía para atender conflictos reales sin destruir el marco que los permite resolver.

La reacción de los movimientos antifascistas

En paralelo, la sociedad civil —especialmente a través de movimientos antifascistas— responde con estrategias que combinan calle, medios, redes sociales y redes comunitarias. La movilización a pie de calle mediante manifestaciones frecuentes en núcleos urbanos e industriales busca precisamente disputar el espacio público: no solo se protesta, se afirma un “nosotros” democrático y plural que rechaza la normalización del extremismo.

Al mismo tiempo, se practica una estrategia del cordón sanitario. Este planteamiento pretende presionar a medios y partidos para aislar a la extrema derecha, reduciendo su capacidad de legitimarse en el debate público. Es una intervención política indirecta sobre la arquitectura comunicativa del sistema: si el extremismo no encuentra altavoces, su expansión se vuelve más difícil.

En el terreno comunicativo, el activismo digital adquiere un rol relevante. A través de redes sociales se intenta desmontar bulos y discursos de odio, atacando los mecanismos de desinformación que suelen alimentar la polarización. La batalla por la narrativa, por tanto, no ocurre solo en el Parlamento, sino en la esfera cotidiana de la comunicación.

A nivel territorial, los colectivos de barrio tejen redes de apoyo mutuo, especialmente en zonas con alta inmigración. Esta dimensión comunitaria es crucial: la respuesta antifascista no se limita a denunciar, sino que propone seguridad social, cuidado y cohesión desde lo local.

Por último, la memoria democrática funciona como brújula ética y legal. Los movimientos antifascistas exigen la aplicación estricta de las leyes de reparación histórica, reivindicando que el pasado no es un relato cerrado, sino una responsabilidad pública.

CONCLUSIÓN. La lucha por el significado de la democracia

En conjunto, la confrontación descrita no es solamente partidista: es una lucha por el sentido de la democracia en España. La derecha radical iliberal intenta transformar las instituciones en instrumentos de control, recodificar derechos como amenazas culturales y convertir la pluralidad social en un problema a resolver mediante cierres y endurecimientos. Donde el PP, cogobernante con Vox en algunas Autonomías, van tomando medidas políticas en ese sentido (según dice obligado por sus acuerdos con Vox) pero en realidad "son mismos perros pero con diferente collar"

Frente a ello, los demócratas constitucionalistas sostienen que el marco constitucional —procedimientos, límites institucionales, reformas dentro de la ley— es el mecanismo que protege la convivencia. Y, por su parte, los movimientos antifascistas aportan la dimensión social y ética: organización comunitaria, presión pública y compromiso activo contra la normalización del odio.

Así, el conflicto político actual se parece menos a una simple alternancia de gobiernos y más a una pugna estructural entre proyectos de democracia. En esa disputa, calle, instituciones y esfera comunicativa se entrelazan, y el futuro dependerá, en gran medida, de la capacidad de cada bloque para construir legitimidad, cohesión y estabilidad sin romper el suelo común que sostiene los derechos.

 

ANEXO I (resumen)

El panorama político actual en España muestra una intensa polarización entre el avance de la derecha radical iliberal y la movilización de bloques constitucionales y antifascistas.

Resurgimiento de la derecha radical iliberal

  • Discurso soberanista.- Reivindican la primacía nacional frente al resto de residentes en España y a los organismos de la Unión Europea.
  • Agenda antiglobalista.- Rechazan de forma sistemática las políticas de la Agenda 2030.
  • Control institucional.- Buscan influir directamente en los órganos del poder judicial.
  • Oposición migratoria.- Centran su estrategia en el endurecimiento radical de las fronteras.
  • Batalla cultural.- Combaten activamente las leyes del movimiento feminista y LGTBIQ+.
  • Nativismo económico.- Promueven el proteccionismo frente a los mercados e inversores extranjeros.

Auge de los partidos demócratas constitucionalistas

  • Defensa del marco constitucional.- Reafirman la vigencia y estabilidad de la Constitución de 1978.
  • Bloques de coalición.- Crean alianzas amplias para frenar la entrada de extremistas a las instituciones.
  • Institucionalismo europeo.- Refuerzan los vínculos políticos y económicos con Bruselas.
  • Consenso autonómico.- Defienden el modelo del Estado de las Autonomías frente al centralismo.
  • Reformas moderadas.- Proponen actualizaciones legislativas siempre dentro de los cauces legales.

Reacción de los movimientos antifascistas

  • Movilización a pie de calle.- Convocan manifestaciones frecuentes en núcleos urbanos e industriales.
  • Estrategia del cordón sanitario.- Presionan a los medios y partidos para aislar a la extrema derecha.
  • Activismo digital.- Utilizan las redes sociales para desmontar bulos y discursos de odio.
  • Colectivos de barrio.- Tejen redes de apoyo mutuo en zonas con alta inmigración.
  • Memoria democrática.- Exigen la aplicación estricta de las leyes de reparación histórica.

Fuente: Medios digitales