Crece la presión en la UE para convertirla en inversiones
Economistas y cargos públicos e
institucionales presionan para que el BCE, que tiene el 25% de la deuda total
de muchos países del euro, cancele la deuda creciente por la pandemia para que
ese dinero a devolver pueda reinvertirse en los países deudores
Gasto público, rescates a la
ciudadanía y a empresas, subvención de los ERTE, desembolsos sanitarios... La
pandemia de la COVID-19 está golpeando las economías como nunca antes en
tiempos de paz y, a consecuencia de ello, la Comisión Europea activó la cláusula
de escape para que los países puedan saltarse los topes de deuda y déficit –60%
del PIB y 3% del PIB, respectivamente– durante 2020 y 2021 para sostener las
economías con fondos públicos. En paralelo, el Banco Central Europeo prevé
gastar al menos 1,85 billones de euros en compras de deuda en la eurozona hasta
verano de 2022 para aliviar las primas de riesgo.
Todo ello, en conjunto, hace que el
BCE está acumulando grandes volúmenes de deuda, entre el 25% y el 30% de la
deuda total acumulada de algunos países, como España, Italia, Francia o
Alemania. En los últimos cinco años, el BCE ha comprado alrededor de 3 billones
de euros en bonos del sector público en un intento de impulsar la inflación en
la zona euro y, más recientemente, mantener el crédito barato frente a la
pandemia de coronavirus.
Entre el alrededor del centenar de
firmantes del manifiesto, la mayoría son de Francia y figuran también
economistas de Alemania, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Suecia,
Grecia y Portugal, así como una veintena de economistas de España. Entre ellos,
Thomas Piketty (Escuela de Economía de París), Nacho Álvarez, secretario de
Estado de Agenda 2030; y Cristina Narbona, presidenta del PSOE; Jorge Fabra,
presidente de Economistas Frente a la Crisis; Manuel Escudero, presidente del
Centro de Desarrollo de la OCDE; el exministro Jordi Sevilla; José Moisés
Martín Carretero; Manolo Garí; Daniel Albarracín.
Todos ellos han defendido en un
artículo publicado en varios medios europeos –Le Monde (Francia), El País (España),
La Libre Belgique, Der Freitag (Alemania) y Avvenire (Italia)– este viernes
que, en tanto que un 25% de lo que deben los países se lo deben a ellos mismos
en tanto que es deuda en manos del BCE y, por tanto, del eurosistema, se debe
cancelar y sustituir por inversión.
El propio presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, ha había dicho que la cancelación de la deuda es
"una interesante hipótesis de trabajo".
Si bien la deuda pública ha aumentado
considerablemente para proteger a los hogares y las empresas, "los
ciudadanos están descubriendo, algunos con consternación, que casi el 25% de la
deuda pública europea está ahora en manos de su banco central", señalan
estos economistas: "Nos debemos el 25% de nuestra deuda a nosotros mismos
y, si la devolvemos, tendremos que buscarla en otra parte, ya sea pidiendo
prestado nuevamente para refinanciar la deuda en lugar de pedir prestado para
invertir, o aumentando los impuestos o reduciendo los gastos".
La cancelación de las deudas públicas
o su transformación en deudas perpetuas sin intereses se haría a cambio del
compromiso de los Estados de "invertir los mismos montos en la
reconstrucción ecológica y social". "Estas cantidades ascienden ahora
a cerca de 2.500 millones de euros para el conjunto de Europa", según el
texto.
Los firmantes afirman que "la
cancelación no está explícitamente prohibida por los tratados europeos" y
que "la historia ha demostrado una y otra vez que las dificultades legales
se desvanecen con los acuerdos políticos".
Preocupados por un posible retorno de
las políticas de austeridad que implican reducciones de la deuda pública como
las llevadas a cabo desde 2015 hasta el inicio de la crisis del Covid-19, los
académicos también piden "una nueva gobernanza europea, en particular a
través de la transición a la mayoría cualificada en impuestos importa".
La reacción del Banco Central Europeo
ha sido dura. El vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, ha dicho este
viernes: "La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero
quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los
tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o
financiero en absoluto". Según De Guindos, "este debate sobre
cancelación de la deuda creo que es perjudicial, porque al final los gobiernos
no ganarían mucho y al mismo tiempo la reputación, credibilidad e independencia
de los bancos centrales se vería muy afectada".
La propia Christine Lagarde,
presidenta del Banco Central Europeo, cerraba la puerta hace unos días a
preguntas de los eurodiputados: "Ni siquiera me hago la pregunta. Es tan
simple como eso, porque cualquier cosa en ese sentido sería simplemente una
violación del tratado. El BCE opera bajo el tratado; existe el artículo 123 del
tratado que prohíbe ese tipo de enfoque y yo respeto el tratado. Punto".
Sin embargo, como recuerda en un hilo
te twitter Daniel Fuentes Castro, jefe de información económica del Gobierno y
traductor de Piketty en España, las cancelaciones de deuda han sido una
constante en la historia tras grandes crisis o catástrofes, como la Francia de
1797; Reino Unido entre 1815 y1914; Alemania en 1919; y Alemania, Francia y
Reino Unido en 1945.
"En conclusión", dice
Fuentes Castro, "es posible reducir la ratio de deuda de diferentes
formas, pero solo el crecimiento real del PIB lo hace 'a coste cero'. La
acumulación de superávits primarios es condición necesaria, pero no suficiente,
e implica un coste de oportunidad. La inflación es una mecanismo drástico y
eficaz para reducir la ratio de deuda, pero genera un conflicto distributivo,
al albur de los precios, y empobrece especialmente a las rentas bajas. Los
impagos deterioran la credibilidad del Estado y rompen el equilibrio de
legitimidades entre acreedores y deudores. Las anulaciones o quitas forman
parte de la Historia y exceden la lógica financiera: priman criterios políticos
y/o sociales. En la crisis de la COVID-19 hay vida más allá de los eurobonos,
cuya puesta en práctica sería benéfica para la zona euro. Pero, antes o
después, habrá que ponerse manos a la obra para reducir una deuda que ahora
necesitamos. A la vista de los precedentes históricos, nadie debería extrañarse
de que Europa termine planteándose algún día si proceder y cómo a una 'reducción
mancomunada de deudas', con criterios técnicos que no serán exclusivamente
financieros. Es la Historia".
La carga de la deuda es algo que
preocupa a los dirigentes europeos, teniendo en cuenta que Comisión Europea ha
instado a varios países (Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España),
al aprobar sus borradores de planes presupuestarios, a tener cuidado con la
generación de deuda demasiado grande: las respuestas de los gobiernos a la
pandemia acumularán 1,5 billones de euros de deuda adicional, lo que empujará
la deuda soberana de la eurozona por encima del tamaño de la economía del
bloque este año por primera vez.
De acuerdo con un informe sobre
sostenibilidad de la deuda publicado este viernes por la Comisión Europea,
España está en "alto riesgo", al igual que Francia, Italia, Portugal,
Bélgica y Rumanía, países particularmente golpeados por la pandemia, además de
Grecia, el país más endeudado de la UE.
"Hay dos asuntos que debemos
tener en cuenta para hacer frente a la deuda que estamos creando", reflexionaba
el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una entrevista con
elDiario.es, apuntando por donde podría ir el regreso a las reglas fiscales en
la UE a partir de 2022-2023: "La primera fase es cómo estábamos antes de
la crisis, el resultado de las políticas de los Estados miembros. Y luego
tienes la segunda fase, que es la crisis del COVID-19 y la deuda que nos hemos
visto obligados a generar colectivamente con el mandato de la Comisión. Y
algunos dicen que podría llamarse deuda covid, que es la deuda de este momento,
la deuda 2020-2021, una situación en la que tomamos una acción conjunta global
para evitar la crisis, para proteger a las personas y creamos una deuda
adicional. Es una deuda adicional que creamos juntos y hay que ver cuál sería
su vencimiento, cómo afectaría a este o aquel país. Debemos asegurarnos de
tener en cuenta esto".
Fuente: El Diario.es
