- "Quien utiliza un programa P2P, en nuestro caso eMule, asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de Internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos conocidos por la Policía, datos públicos en Internet, no se hallaban protegidos por el artículo 18-1º ni por el 18-3 de la Constitución", concluye la sentencia.
- De esta forma avala los rastreos policiales en las redes P2P sin autorización judicial previa y en la sentencia que nos ocupa, los rastreos informáticos que el equipo de Delitos Telemáticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Internet, llevó a cabo en un caso de supuesta pornografía infantil contra una mujer tarraconense que fue absuelta.
Fuente: El Mundo.
