Este estudio examina la creciente cercanía entre sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, con partidos como el PP y Vox, explorando las causas, manifestaciones y consecuencias de esta aparente contradicción.
Del discurso apolítico al discurso constatable
La primera paradoja
fundamental radica en la autoproclamada neutralidad ideológica de estas
organizaciones. Jupol y Jucil, junto a otras entidades, insisten en no tener
sesgo político, argumento que sostienen como principio organizativo. Sin
embargo, sus acciones recientes desmienten categóricamente esta afirmación .
La manifestación del 18
de abril ante el Congreso de los Diputados constituye un ejemplo paradigmático.
La presencia simultánea de portavoces de Vox y diputados del PP junto a miles
de agentes de seguridad no es un accidente anecdótico, sino el reflejo de una
alineación política real. Esta confluencia sugiere que existe una comunidad de
intereses que trasciende la supuesta neutralidad gremial y que se materializa
en acciones coordinadas o, cuanto menos, convergentes.
La periodicidad de las manifestaciones —repetidas en varias legislaturas— evidencia que no se trata de protestas aisladas ante demandas específicas, sino de un patrón sistemático de movilización que coincide significativamente con calendarios políticos y coyunturas de enfrentamiento entre Gobierno y oposición de derechas (ver Anexo I).
Anatomía del poder
sindical: SUP y Jupol
Para comprender esta
dinámica, es esencial analizar cómo se distribuye el poder dentro de la Policía
Nacional. El Consejo de la Policía, órgano de interlocución con el Ministerio
del Interior, concentra actualmente la influencia en dos sindicatos: el histórico
SUP y el emergente Jupol.
El SUP, con cinco
décadas de trayectoria, representa una organización consolidada que ha
evolucionado hacia posiciones críticas con el ejecutivo de Pedro Sánchez. Su
acuerdo con Desokupa —empresa cuyas prácticas rozan los límites
legales— ejemplifica cómo decisiones que aparentan ser meramente comerciales o
gremiales contienen una dimensión ideológica clara. El acuerdo no solo provocó
una crisis reputacional, sino también una fuga masiva de afiliados, revelando
que ni siquiera dentro del propio sindicato existe consenso sobre esta supuesta
neutralidad.
Jupol, por su parte,
emerge como la expresión más explícita de esta problemática. Nacida durante la
legislatura de Pedro Sánchez como escisión de Jusapol, ha operado desde
posiciones que oscilan entre la derecha y la ultraderecha. Su defensa del
policía Samuel Vázquez (portavoz de Seguridad de Vox) tras su suspensión, y su
difusión de información falsa sobre el Gobierno y ETA, trascienden cualquier
justificación gremial. Estas acciones no representan la defensa de derechos
laborales específicos, sino una toma de posición política explícita.
GUARDIA CIVIL. La particularidad Militar y sus
Consecuencias
La prohibición legal de
sindicatos en la Guardia Civil —consecuencia de su naturaleza militar y su
carácter de fuerza armada— genera una situación compleja que merece atención
especial. Las asociaciones que sustituyen a los sindicatos no están sujetas a
las mismas regulaciones ni supervisión que sus homólogas policiales, lo que
potencialmente facilita derivas políticas.
La AUGC presenta una
singularidad interesante: es la única asociación que mantiene posiciones
claramente progresistas dentro de un entorno institucional cada vez más
conservador. Con cinco vocales en el Consejo, actúa como contrapeso importante.
Su existencia prueba que no existe una deriva inevitable hacia la
derecha, sino que la evolución ideológica de otras asociaciones responde a
dinámicas específicas propias.
Jucil, filial de Jusapol en la Guardia Civil, representa la cara opuesta. Sus acusaciones contra el presidente del Gobierno —calificándolo de haber cometido la "mayor felonía"— constituyen un discurso que no solo trasciende lo gremial, sino que se alinea explícitamente con la narrativa de la ultraderecha sobre amenazas existenciales a España.
El hecho de que la propia Guardia Civil haya sancionado
a esta asociación indica que incluso dentro de la institución se reconoce el
carácter inapropiado de tal discurso.
Causas de la deriva
Derechista
¿Por qué existe esta
alineación con partidos de derechas? Varios factores explicativos merecen
consideración:
- La composición corporativa e institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.- Históricamente, estas instituciones han mantenido una relación más cómoda con gobiernos conservadores. El cambio de orientación política a nivel nacional con la llegada de Pedro Sánchez generó una fricción que estas organizaciones utilizaron para movilizar a sus bases.
- Las políticas específicas del actual Gobierno.- Temas como la cuestión catalana, la reforma de la ley de seguridad ciudadana, o la gestión de orden público, han generado cierta fricción entre el Ejecutivo y estas instituciones. Sin embargo, esta legítima fricción se canalizó políticamente, siendo instrumentalizada por medio de actores políticos derechistas.
- La propia estrategia del PP y Vox.- Ambos partidos han identificado en los cuerpos de seguridad un electorado potencial y una base social donde sus mensajes resuenan. El apoyo visible a estas organizaciones sindicales sirve a múltiples propósitos: generan legitimidad, canalizan votos, y crean la apariencia de que sus posiciones gozan de respaldo institucional.
- La fragmentación sindical.- Jupol surge precisamente como una escisión de Jusapol, en un contexto de fragmentación que permitió a actores políticos derechistas influir en la configuración de nuevas organizaciones desde su origen, sin el "lastre" de tradiciones apolíticas que caracterizaban a sindicatos históricos.
La cuestión de la
Legitimidad Institucional
Un aspecto crítico es
cómo estas derivas afectan a la legitimidad institucional de las Fuerzas de
Seguridad en una democracia plural. Cuando estos cuerpos —teniendo la
responsabilidad de aplicar la ley de manera imparcial— se alinean públicamente
con opciones políticas, generan varios problemas:
- La pérdida de confianza pública.- Ciudadanos y organizaciones que no se sienten representados por esos alineamientos pueden cuestionar la imparcialidad de actuaciones policiales.
- La fragmentación institucional.- Si diferentes sindicatos y asociaciones, representan diferentes opciones políticas, la propia institución se fragmenta, dificultando la cohesión necesaria.
- La confusión de roles.- Los sindicatos de policías tienen un papel gremial legítimo. Pero cuando actúan como apéndices políticos de formaciones concretas, distorsionan su función.
CONCLUSIONES
La cercanía entre sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil, con formaciones políticas como PP y Vox, es una realidad observable que contradice las proclamas de apoliticidad.
Esta contradicción no es accidental, sino que responde a
dinámicas políticas concretas: cambios en el color político del Gobierno
nacional, fricción sobre políticas específicas (especialmente la cuestión
catalana y vasca) y la estrategia deliberada de partidos derechistas por capturar
esas bases sociales.
Las organizaciones más explícitamente implicadas —Jupol y Jucil— han nacido o evolucionado en un contexto de polarización política creciente, facilitando que actores políticos derechistas influyeran en su génesis y desarrollo ideológico.
La existencia de
contrapesos como la AUGC demuestra que no existe una deriva inevitable,
pues la tendencia mayoritaria es clara.
La pregunta subyacente
del análisis sería, si las asociaciones policiales estarían cada vez más
escoradas a la derecha, que en este momento la respuesta sería afirmativa.
Y en referencia a quien tiene la responsabilidad de dicha deriva, implica tanto a las propias organizaciones
policiales, que no han resistido suficientemente la instrumentalización
política, como a los partidos políticos que han visto en estas instituciones un
espacio de influencia legítima en términos electorales, pero muy problemática en
términos democráticos.
En una democracia sólida, las instituciones de seguridad deben mantener su autonomía respecto a opciones políticas concretas, canalizando sus demandas gremiales, no mediante alineamientos manifiestos con partidos extremistas, sino a través de mecanismos institucionales.
Cuando eso no ocurre, se erosiona la confianza pública y se
compromete la legitimidad de instituciones esenciales para la convivencia
democrática.
En resumen, si un Policía, Guardia Civil, Juez o Fiscal, tuviera algún sesgo político, es bastante probable que no fuese imparcial en sus actuaciones profesionales, y en ese caso no estaría impartiendo justicia conforme a la Ley, ni a la Constitución, quedando al margen del Estado de derecho.
Es decir cada vez que ocurra la situación anterior, estaríamos más cerca de dejar de ser un país democrático. Puesto que al final, se daría la gran paradoja que todos los inocentes estarían en la cárcel y los delincuentes en la calle.
¿Será eso a lo que llaman el "gran reemplazo" toda la extrema derecha europea?
Fuente: Publico.es
ANEXO I
En las dos últimas
legislaturas en España, los sindicatos de la Policía Nacional y las
asociaciones de la Guardia Civil han convocado numerosas movilizaciones
conjuntas, centradas principalmente en la equiparación salarial, la jubilación
anticipada y el rechazo a reformas legislativas.
Legislatura XV
(la actual: desde 2023 a la actualidad)
Las protestas en este
periodo se han intensificado por el reconocimiento como profesión de riesgo
y contra acuerdos políticos de investidura.
- 18 de abril de 2026 (Madrid).- Una de las movilizaciones más
recientes y masivas. Convocada por organizaciones como JUSAPOL, JUPOL y
JUCIL, miles de agentes marcharon desde la Puerta del Sol hasta el
Congreso para exigir una jubilación digna (equiparada a policías
autonómicos como Mossos o Ertzaintza) y el reconocimiento oficial de su
labor como profesión de riesgo.
- 12 de marzo de 2025 (Madrid).- Concentración frente al Congreso
de los Diputados en protesta por la delegación de competencias de
inmigración a cuerpos autonómicos y contra la denominada "ley de
amnistía".
- 28 de mayo de 2025 (Barcelona).-Concentración conjunta frente a
la Delegación del Gobierno para protestar contra la "entrega de
competencias al independentismo" y en defensa de la presencia estatal
en Cataluña.
Legislatura XIV
(la anterior, del 2019 al 2023)
Este periodo estuvo
marcado por el rechazo frontal a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
(conocida como "Ley Mordaza").
- 27 de noviembre de 2021 (Madrid).- Gran manifestación que reunió a
miles de agentes de ambos cuerpos bajo el lema "No a la inseguridad
ciudadana". Fue la primera vez que se movilizaron de forma tan masiva
contra una propuesta de reforma legislativa del Gobierno de coalición.
- 21 de diciembre de 2022 (Madrid).- Asamblea conjunta en la que
sindicatos y asociaciones acordaron nuevas movilizaciones ante la falta de
avances en las negociaciones sobre la reforma de la Ley Mordaza y la
equiparación salarial pendiente.
- Marzo de 2023 (Madrid).- Diversas concentraciones frente
al Congreso y sedes gubernamentales para denunciar el "ninguneo"
del Ministerio del Interior respecto a la cláusula de equiparación del
acuerdo de 2018.
Reivindicaciones
Comunes
En ambas etapas, el eje
vertebrador de las protestas ha sido:
- Equiparación Salarial Real.- Denuncian que el acuerdo de 2018
no se ha cumplido íntegramente.
- Jubilación Anticipada: Exigen poder jubilarse a los 59
años sin pérdida de poder adquisitivo, igual que los cuerpos policiales
autonómicos.
- Profesión de Riesgo.- Reclaman esta catalogación jurídica para acceder a beneficios sociales y de protección que actualmente no poseen de forma plena.
Fuente: Medios Digitales
