El gobierno berlinés se une a Hamburgo en el veto a
este servicio de transporte compartido
Uber, la firma estadounidense que ofrece una
sofisticada aplicación móvil que conecta a pasajeros con conductores, ha
sufrido una nueva derrota en Alemania y que le augura un futuro incierto en el
país. El gobierno de Berlín decidió prohibir el uso de la aplicación, un
castigo destinado a evitar la competencia desleal con los taxis de la capital
alemana, pero también para garantizar la seguridad física de los pasajeros.
La prohibición fue aprobada por el Senado de Berlín (el
ejecutivo de la ciudad-estado) que envió una advertencia formal a la empresa
estadounidense, que tiene su sede en San Francisco, para que cese de ofrecer
sus servicios en la ciudad.
El gobierno berlinés argumentó que Uber contraviene la
seguridad de los pasajeros mediante el uso de “conductores no verificados en
vehículos sin licencia, ya que los pasajeros no están asegurados en caso de
resultar heridos en un accidente”.
En caso de no respetar la prohibición, la compañía
deberá pagar una multa de 25.000 euros, mientras que los conductores arriesgan
un castigo de 20.000 euros. El gobierno también señaló que si Uber dejaba de
pagar las multas por ofrecer un servicio ilegal, arriesgaba una pena privativa
de libertad.Berlín es la segunda ciudad alemana que prohíbe el uso de la
aplicación. Hamburgo prohibió el servicio en el mes de julio pasado y las
autoridades de Fráncfort y Múnich están pensando en imitar a Berlín y Hamburgo.
A pesar de las sendas prohibiciones que ya existen en
su contra, Uber anunció que desea ampliar sus servicios a las ciudades de
Düsseldorf, Colonia y Stuttgart.Cuando el servicio fue prohibido en Hamburgo,
la firma estadounidense presentó un recurso contra la medida y el gobierno se
vio obligado a permitir nuevamente el servicio. Uber también protestó contra la
medida adoptada en Berlín por “ser todo menos progresista y limita la
posibilidad de elegir de los consumidores”, dijo Fabien Netsman, portavoz de
Uber en Alemania, al denunciar un instinto proteccionista de parte de los
legisladores.
Fuente: El País.com