La pugna por el expolio de la petrolera estatal venezolana incluyó la creación de un servidor paralelo que permitía modificar en tiempo real las ofertas de licitaciones
La
última gran trama denunciada, en la que hubo clonación del sistema informático
de la entidad estatal para amañar operaciones y saquear la empresa, acaba de
llegar a los tribunales de Estados Unidos.
En la trama, en
marcha desde 2004, participaron directivos de la propia Pdvsa e importantes
compañías de comercio energético, con un daño a la estatal petrolera estimado
en más de 5.200 millones de dólares. Nicolás Maduro ha aprovechado la ocasión
para arremeter contra la gestión de Pdvsa durante el largo tiempo que la
presidió Rafael Ramírez (uno de las máximas figuras políticas en la era de Hugo
Chávez, hoy depurado por Maduro).
Ya ha habido otras
denuncias sobre sobornos a directivos de Pdvsa (singularmente la investigación
abierta en Houston y que puede acabar inculpando a Ramírez), pero lo especial
de este último caso es que la denuncia la ha presentado la propia Pdvsa (a
través de un oscuro fideicomiso).
En realidad, no se
trata de una cruzada por la limpieza y la honestidad, sino que obedece a una
lucha de facciones, en un capítulo más de la pugna por el expolio de la
empresa, en medio de un pulso entre empresarios vinculados a diferentes
sectores chavistas.
A principios de marzo
de 2018, el fideicomiso PDVSA US Litigation denunció ante la Corte de Distrito
del Sur de Florida que dos consultores venezolanos, mediante el soborno a
varios directivos de la petrolera, actuaron conjuntamente con varios corredores
internacionales de petróleo para beneficiarse de los contratos de venta y
suministro de Pdvsa. La lista incluye a algunos de los principales corredores
mundiales, como Glencore, Vitol y Trafigura, y a destacadas compañías
energéticas, como Lukoil y Colonial Oil Industries.
La demanda señala que
Francisco Morillo y Leonardo Baquero, que crearon la firma Helsinge y se
relacionaron comercialmente con Pdvsa, contaron con la ayuda desde dentro de la
petrolera de cuatro de sus principales directivos: Marco Malave, jefe del
departamento Comercial y de Suministros de 2012 a 2017, y su sucesor, Ysmel
Serano (hoy vicepresidente de la estatal); René Hecker, gerente de ese mismo
departamento hasta 2013, y Edgar García, gerente del departamento de Flete y
Transporte hasta 2008.
Las acciones
fraudulentas se desarrollaron desde al menos 2004 hasta muy recientemente,
según consta en la demanda, en una trama de «millones de dólares» en sobornos,
pagados muchos de ellos a través de Panamá, y de «miles de millones de dólares»
en beneficio para Helsinge y las compañías corredoras internacionales,
enriquecidas por los menores pagos realizados a Pdvsa y el sobreprecio de los
productos vendidos a esta. El abogado del fideicomiso, David Boies, aseguró
estimar en 5.200 millones de dólares lo que Pdvsa dejó de ingresar por la
acción de los confabulados.
La trama tuvo acceso
directo en tiempo real al sistema informático de la compañía estatal mediante
la clonación del servidor del departamento Comercial y de Suministros. El
servidor clonado se instaló en las oficinas de Morillo y Baquero en Miami. De
esta manera pudieron conocer con antelación las ofertas de otras compañías en
procesos de licitación y modificar en su ventaja datos del sistema (la
documentación que oficialmente debía guardarse era destruida para evitar la
detección de esos cambios).
Imágenes de pantallas
de ordenador, obtenidas por ABC, parecen recoger los rastros de esos
movimientos de «hackeo». En una de ellas se aprecia el uso de cuentas de correo
electrónico que simulan ser de Pdvsa, pero en las que figura ese nombre sin la
ese (pdva.com), llevando al equívoco.
Todo esto obedece a
una lucha entre facciones. Detrás de la presentación de la demanda se encuentra
Wilmer Ruperti, empresario que en el arranque del chavismo se vio favorecido
por Hugo Chávez por haber puesto sus barcos a disposición del Gobierno durante
el paro petrolero de 2002-2003.
Fuente: ABC.es
