La Audiencia provincial de Fráncfort ha anulado la
resolución provisional que dictó a finales de agosto y que prohibía a Uber, la
compañía que conecta a vehículos con conductor con potenciales pasajeros,
actuar en todo el territorio alemán.
El tribunal ha celebrado esta martes una vista oral
para estudiar el recurso presentado por Uber y ha dado la razón está vez a la
empresa frente a la cooperativa de taxistas que la demandó.
Según la Audiencia, la resolución provisional fue
correcta, pero se ha comprobado que no hay motivos para aplicar un procedimiento
de urgencia en este caso.
En su primer auto, el tribunal dio la razón a la
cooperativa de taxistas al considerar que Uber y Uberpop no podían conectar
viajeros sin contar con la licencia que exige la ley alemana de transporte de
personas. Estableció además una multa de 250.000 euros para el caso de que se
incumpliera la resolución provisional, que la empresa recurrió de inmediato.
Tras conocer la última decisión judicial, los taxistas
avanzaron en un comunicado su intención de apelar ante la Audiencia
territorial, la instancia superior para los procedimientos de urgencia.
La cooperativa que decidió llevar a Uber a los
tribunales denuncia que la empresa gane dinero sin invertir y sin asumir
responsabilidad alguna, ya que los conductores no son controlados y no están
asegurados, con lo que los pasajeros, advierten, tampoco están protegidos.
"El sector del taxi acepta la competencia que cumpla la ley. Uber no lo
hace", subrayaron los taxistas.
Por su parte, Uber rechaza las críticas y asegura que
cortar sus servicios supone "restringir la posibilidad de elección"
de los ciudadanos.
El pasado junio miles de taxistas de grandes ciudades
europeas, como Barcelona, Madrid, Berlín, París o Milán, se movilizaron contra
el intrusismo que, a su juicio, favorecían aplicaciones como Uber.
En España, Uber está presente en Barcelona, en donde
mantiene un pulso con el gremio del taxi e incluso con las autoridades. De
hecho, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal persigue a los conductores de
vehículos dados de alta en este servicio y puede multarlos con hasta 4.000
euros.
Fuente: El Mundo.es
