Amnistía Internacional presenta su informe anual del 2025, "la situación de los derechos humanos en el mundo" donde España lidera la respuesta frente al matonismo global y la presunta complicidad de la inacción de Occidente.
El orden internacional surgido tras la Segunda Guerra
Mundial, basado en normas, cooperación y diplomacia, muestra hoy signos
evidentes de fractura. En su lugar, se abre paso una lógica más cruda, donde la
ley del más fuerte y el matonismo político ganan terreno, debilitando los
mecanismos multilaterales que durante décadas actuaron como dique de contención
frente al abuso de poder.
El año
2025 marcó un punto de inflexión en esta deriva. La escalada en Oriente
Próximo, impulsada en parte por decisiones del presidente estadounidense
Donald Trump, culminó en un conflicto abierto con Irán que sigue teniendo
consecuencias devastadoras, en pérdidas humanas y materiales. Paralelamente, la ofensiva de Israel en Gaza,
liderada por Benjamín Netanyahu, alcanzó niveles especialmente críticos, con
acusaciones de genocidio y una crisis humanitaria sin precedentes recientes. La
población civil, una vez más, se convirtió en el principal objetivo y víctima,
consolidando una peligrosa normalización de la violencia indiscriminada.
Amnistía Internacional, en su informe anual titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo”, ofrece un diagnóstico contundente: el sistema internacional ya no está siendo simplemente erosionado, sino atacado frontalmente por actores poderosos que buscan asegurar control, beneficios e impunidad. Su secretaria general, Agnès Callamard, describe el momento actual como uno de los más difíciles de nuestra época, subrayando que líderes como Trump, Vladimir Putin o Netanyahu, han impulsado estrategias basadas en la destrucción, la represión y la violencia a gran escala.
En este
contexto, el multilateralismo se encuentra en retroceso. Instituciones clave
como el Consejo de Seguridad de la ONU o la propia Unión Europea han mostrado
una preocupante parálisis ante violaciones flagrantes del derecho
internacional. La incapacidad para exigir rendición de cuentas ha contribuido a
consolidar un clima de impunidad global. Mientras tanto, el mundo se vuelve
cada vez más militarizado: desde la intensificación de la guerra en Ucrania
hasta conflictos en África y Oriente Medio alimentados por potencias regionales
y globales.
Sin
embargo, en medio de este panorama sombrío, emergen algunas excepciones. España
destaca como uno de los pocos países que han adoptado una postura más firme en
defensa del derecho internacional y los derechos humanos. Bajo el liderazgo de
Pedro Sánchez, el país ha optado por distanciarse de la ambigüedad de otros
aliados occidentales, promoviendo un “No a la guerra” contundente y exigiendo
responsabilidades ante abusos internacionales. Decisiones como el
reconocimiento del Estado palestino o la presión para revisar acuerdos con
Israel reflejan una voluntad de actuar en consonancia con principios éticos,
aunque no sin costes diplomáticos.
Aun
así, estos esfuerzos aislados no logran revertir la tendencia global. Según
Amnistía Internacional, cerca del 70% de la población mundial vive bajo
regímenes autoritarios o en contextos donde las libertades se ven gravemente
restringidas. La expansión de la vigilancia digital, la criminalización de la
protesta y el uso de leyes antiterroristas como herramientas de represión son
síntomas de un deterioro que ya no distingue claramente entre autocracias y
democracias formales.
En definitiva, el colapso del orden mundial basado en normas no es una amenaza futura, sino una realidad en progreso.
La humanidad se enfrenta a un momento crítico en el que la dignidad humana vuelve a estar en cuestión.
La respuesta
de la comunidad internacional —o su ausencia— determinará si ese retroceso de los derechos humanos se
consolida o si aún es posible reconstruir un sistema basado en la justicia, la
rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales.
Fuente: El Plural.com
