Todos miran al Estrecho de Ormuz temiendo una crisis energética, pero la verdadera vulnerabilidad de la región es biológica: 100 millones de personas dependen de una tecnología que Irán ya tiene en el punto de mira
El petróleo, el gas natural y, sobre todo, el control del Estrecho
de Ormuz han dominado la narrativa geopolítica mundial. Cada tensión militar en
la región se traduce inmediatamente en predicciones sobre el precio del barril
o posibles interrupciones del comercio energético global. Sin embargo, esta
interpretación, aunque relevante, oculta una fragilidad mucho más profunda. La
verdadera vulnerabilidad estratégica de la Península Arábiga no es energética,
sino biológica: el agua potable.
En un entorno geográfico
caracterizado por el clima desértico, precipitaciones escasas y temperaturas
extremas, las sociedades del Golfo han logrado sostener poblaciones urbanas
masivas gracias a una infraestructura tecnológica sin precedentes: la desalinización
del agua de mar. Esta tecnología ha permitido el crecimiento de ciudades como
Dubái, Riad o Kuwait, transformando territorios históricamente inhóspitos en
centros económicos globales. No obstante, esta dependencia absoluta de la
desalinización ha creado una nueva forma de vulnerabilidad estratégica. En
lugar de depender de recursos naturales abundantes, millones de personas
dependen ahora de un sistema industrial complejo, altamente centralizado y
extremadamente frágil ante ataques.
Las cifras ilustran la
magnitud de esta dependencia. En Kuwait, aproximadamente el 90 % del agua
potable proviene de plantas desalinizadoras. En Omán la proporción alcanza el
86 %, mientras que en Arabia Saudí ronda el 70 %. Incluso en los Emiratos Árabes
Unidos, donde existe cierta diversificación, cerca del 42 % del suministro
depende de este proceso, alcanzando prácticamente el 100 % en grandes centros
urbanos como Dubái. En conjunto, ocho de las diez plantas desalinizadoras más
grandes del mundo se encuentran en la Península Arábiga, concentrando alrededor
del 60 % de la capacidad mundial de desalinización.
Este modelo ha permitido
prosperidad, pero también ha creado lo que algunos analistas describen como
“reinos de agua salada”: países cuya supervivencia depende de transformar agua
marina en agua potable mediante enormes complejos industriales. La paradoja es
evidente: economías extremadamente ricas, capaces de invertir miles de millones
en infraestructuras y defensa militar, dependen para su supervivencia cotidiana
de un número relativamente reducido de instalaciones críticas.
En este contexto, la
escalada militar entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel
introduce un factor estratégico nuevo. Incapaz de competir en un enfrentamiento
militar directo contra potencias tecnológicamente superiores, Irán ha desarrollado
una estrategia asimétrica basada en atacar infraestructuras vulnerables u “objetivos blandos”. Entre estos objetivos, las plantas desalinizadoras y las
centrales eléctricas que las alimentan representan uno de los puntos más
sensibles del sistema regional.
La lógica detrás de esta
estrategia es sencilla. Las desalinizadoras no solo son pocas y costosas, sino
que además dependen de enormes cantidades de energía. En Arabia Saudí, por
ejemplo, estas instalaciones consumen cerca del 6 % de toda la electricidad del
país. Muchas de ellas están situadas junto a grandes centrales eléctricas,
formando complejos industriales integrados. Esto significa que un ataque
exitoso contra la infraestructura energética puede paralizar inmediatamente el
suministro de agua potable.
Además, existe una
enorme asimetría en los costes de ataque y defensa. Los drones utilizados por
Irán, como los Shahed-136, tienen un coste estimado entre 15.000 y 50.000
dólares por unidad. En contraste, una instalación como la planta de Ras Al
Khair —el mayor complejo híbrido de desalinización del mundo— costó más de
7.000 millones de dólares. Defender infraestructuras de este tamaño frente a
enjambres de drones baratos representa un desafío técnico y económico enorme,
incluso para los sistemas de defensa más avanzados.
La fragilidad del
sistema se agrava por los tiempos de recuperación. Mientras que una refinería
petrolera puede restablecer parte de su producción en cuestión de semanas tras
un ataque —como ocurrió con las instalaciones saudíes de Abqaiq en 2019—, los componentes
clave de las plantas de ósmosis inversa son altamente especializados. Si se
destruyen, su reemplazo puede tardar meses debido a la complejidad de
fabricación y a la dependencia de cadenas de suministro globales.
Las consecuencias
humanitarias de un ataque exitoso serían inmediatas. A diferencia de otros
recursos estratégicos, el agua potable no puede almacenarse en grandes
cantidades ni sustituirse fácilmente. En algunos países del Golfo, las reservas
estratégicas de agua apenas cubren unos pocos días de consumo. Qatar, por
ejemplo, estimó en su momento que una contaminación masiva o interrupción del
sistema podría dejar al país sin agua potable en aproximadamente tres días, lo
que llevó a la construcción de enormes depósitos de emergencia.
La situación en Arabia
Saudí ilustra la gravedad del problema. Riad, una ciudad con más de ocho
millones de habitantes situada en pleno desierto, recibe más del 90 % de su
agua desde la planta desalinizadora de Jubail a través de una única tubería de
unos 500 kilómetros. Un ataque que destruyera la planta o esa infraestructura
de transporte podría provocar una crisis humanitaria inmediata. De acuerdo con
evaluaciones diplomáticas filtradas en el pasado, la capital saudí tendría que
ser evacuada en aproximadamente una semana si ese sistema colapsara.
Esta vulnerabilidad
hídrica se combina con otra dependencia crítica: la alimentaria. Los países del
Consejo de Cooperación del Golfo importan la mayor parte de sus alimentos
debido a la escasez de tierras cultivables y de agua dulce. Aproximadamente el
70 % de estas importaciones transita por el Estrecho de Ormuz. Si el conflicto
militar interrumpiera el tráfico marítimo o las aseguradoras se negaran a
cubrir rutas consideradas demasiado peligrosas, la región podría enfrentarse
simultáneamente a una crisis de agua y de suministro alimentario.
En conjunto, estos
factores revelan una transformación fundamental en la naturaleza de la
seguridad estratégica en Oriente Medio. Tradicionalmente, el petróleo ha sido
considerado el recurso central cuya protección garantizaba la estabilidad
regional. Sin embargo, en el siglo XXI, el recurso verdaderamente crítico es el
agua potable. Mientras que el petróleo puede almacenarse, transportarse o
sustituirse parcialmente por otras fuentes energéticas, el agua es
indispensable para la supervivencia inmediata de la población.
Por ello, cualquier
conflicto en la región ya no debe analizarse únicamente en términos de mercados
energéticos o control de rutas marítimas. La verdadera cuestión estratégica es
la resiliencia de las infraestructuras que sostienen la vida cotidiana de millones
de personas. Las plantas desalinizadoras, las redes eléctricas que las
alimentan y los sistemas digitales que gestionan su distribución se han
convertido en los nuevos puntos neurálgicos de la seguridad regional.
En última instancia, el
Golfo Pérsico representa una advertencia para el mundo contemporáneo. La
tecnología ha permitido superar límites naturales aparentemente insalvables,
como la falta de agua en el desierto. Pero esa misma tecnología ha creado
sistemas complejos cuya interrupción puede desencadenar crisis inmediatas. En
una era de guerra híbrida, drones baratos y ataques a infraestructuras
críticas, la supervivencia de sociedades enteras puede depender de
instalaciones industriales que, paradójicamente, son mucho más difíciles de
defender que un pozo petrolífero.
Así, mientras el mundo
observa el Estrecho de Ormuz preocupado por el petróleo, el verdadero centro de
gravedad estratégico del Golfo podría estar en un recurso mucho más básico y más vulnerable: el agua potable.
Fuente: Xataka.com
