La justicia española está bien surtida
de magníficos jueces que respetan los derechos humanos y los datos a este
respecto son irrefutables y conviene no falsearlos con finalidades políticas,
arrimando el ascua a la propia sardina haciendo del caso excepcional la regla
general, porque eso resultaría una falacia.
Aunque
dicha Justicia viene aquejada de tres graves problemas
1) El primero, el nombramiento
de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.- Muy influido por la
política y ésta, a su vez, por los poderes fácticos, sobre todo por los poderes
económicos. Esos vocales designan con más o menos trabas a los jueces de los
altos tribunales, lo que provoca el riesgo cierto que la falta de independencia
de origen de los vocales, se traslade a los jueces elegidos. A partir de ahí,
hablar de independencia se hace realmente complicado. El desgraciado caso de
las hipotecas, con independencia del fondo del asunto, ha disparado las alarmas
ciudadanas.
2) El segundo problema es de orden ideológico.-Es un hecho
constatable que una parte relevante de las pocas condenas que España ha recibido
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han tenido que ver con el
independentismo vasco, y alguna vez con el catalán. Han sido casos sonados
algunos de ellos, como el de Inés del Río, que puso en libertad a varias
decenas de presos de ETA, o el 'caso Atutxa', el 'caso Castells' -uno de los
más antiguos- o el reciente 'caso Otegi', o la primera condena a España por
tratos degradantes este mismo año.
3) El tercer problema es la formación judicial.- El sistema de
oposiciones es muy defectuoso, anticuado, predominantemente memorístico y con
un excesivo papel de una figura no oficial que resulta difícilmente definible
en cuanto a su rol: el preparador. El problema es común a otras oposiciones que
se celebran en España que poseen un sistema similar de examen para el acceso a
plazas funcionariales de alta categoría. El resultado es que no siempre llegan
los que acabarían siendo más competentes en su puesto.
Lo doloroso del caso es que son solo una
minoría los jueces con sesgo tan conservador que les condicione en sus
sentencias, pero hacen mucho ruido.
De la misma manera que la mayoría de vocales
del Consejo General del Poder Judicial, pese a su defectuosa designación, padecen
después merma de su independencia. Y, sin duda, todos los jueces aprobaron las
oposiciones con pleno merecimiento.
Pero
hay que poner solución a las sospechas.
Es tiempo de reformas, a fin de que la luz
pública refleje debidamente la excelencia y pulcritud de la enorme mayoría del
colectivo judicial, pero el acuerdo entre PP y PSOE para la elección del Presidente
del Consejo General del Poder Judicial no es buena señal.
Fuente: El Periodico.com
