El acuerdo
de salida del Brexit consta de 585 páginas, 185 artículos y tres protocolos.
Uno sobre Irlanda del Norte, otro sobre Chipre y el último sobre Gibraltar. En
el documento presentado año por la Comisión Europea se establece un marco,
regulatorio y político, inédito y que por primera vez en la historia fuerza o
propicia la cooperación entre el Reino Unido y España no sólo en el Peñón, sino
también en toda la zona del Campo de Gibraltar. Con la creación de una serie de
grupos de trabajo mixto sobre los temas que España considera vitales: aduanas,
tabaco, medioambiente y los derechos de los trabajadores del Campo de
Gibraltar. No hay, sin embargo, ningún hito en el papel redactado por el equipo
de Michel Barnier.
En el
Protocolo del acuerdo de salida, que los jefes de Estado y de Gobierno deben
ratificar el próximo día 25, hay información detallada por primera vez sobre
los comités mixtos que en el futuro deberán abordar los temas más espinosos y
que más preocupan a Madrid desde hace décadas. La Comisión ha ido publicando
documentos de la negociación en general del Brexit sistemáticamente los últimos
meses, pero de Gibraltar no se había visto una sola línea. Ahora, en siete
páginas y seis artículos muy concretos, el Protocolo establece la creación de
tres comités de trabajo conjunto entre Madrid y Londres para temas labores,
medioambientales y aduaneros. Faltan todavía por conocerse los cuatro (en
teoría ahora serán cuatro) Memorandos que han ido desarrollando ambas capitales
con el resto de detalles concretos y que deben dar forma a lo avanzado a nivel
comunitario, que es más genérico.
Tras una
serie de considerandos, y destacando que "la retirada ordenada del Reino
Unido de la Unión en relación con Gibraltar implica que cualquier posible
efecto negativo en las estrechas relaciones sociales y económicas entre
Gibraltar y el área circundante, en particular el territorio de los municipios
que conforman la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en el Reino
de España, se aborda adecuadamente", el Protocolo apunta a la necesidad de
seguir "promoviendo un desarrollo económico y social equilibrado en el
área, en particular en términos de condiciones laborales, y continuar
garantizando los niveles más altos de protección ambiental de conformidad con
la legislación de la Unión, así como continuar fortaleciendo la seguridad para
los habitantes de la zona, en particular a través de la cooperación en materia
policial y aduanera".
El primer
artículo hace referencia a los derechos de los ciudadanos, y estipula que
"el Reino de España y el Reino Unido cooperarán estrechamente con miras a
preparar y respaldar la aplicación efectiva de la Parte Dos del Acuerdo de
Retirada de los derechos de los ciudadanos, que se aplica plenamente, entre
otras cosas, a los trabajadores que residen en Gibraltar o en España, en
particular en el territorio de los municipios que conforman la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar, y que, en los artículos 24 y 25, establecen
derechos específicos para los trabajadores fronterizos".
Es un
elemento importante. Bruselas, así, da a los cerca de 10.000 empleados que
entran y salen diariamente, el estatus de "transfronterizos" y la
cobertura de todo el acuerdo de salida, para que no puedan ser discriminados en
el futuro. Para ellos, "las autoridades competentes intercambiarán
información actualizada trimestralmente" y "establecerán un comité de
coordinación como foro de discusión regular entre las autoridades competentes
para monitorear asuntos relacionados con el empleo y las condiciones
laborales".
Durante la
negociación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptó dejar fuera de
forma directa otra de las reivindicaciones históricas: la congestión del
aeropuerto. Así lo explicó hace unas semanas en Bruselas, al admitir que era un
tema demasiado polémico. El Artículo2 del Protocolo fija que "la ley de la
Unión sobre transporte aéreo que no se haya aplicado al aeropuerto de Gibraltar
antes del 30 de marzo de 2019 solo se aplicará al aeropuerto de Gibraltar a
partir de la fecha establecida por el Comité Conjunto". Un "Comité
Mixto adoptará la decisión al respecto, previa notificación por el Reino Unido
y España de que han alcanzado un acuerdo satisfactorio sobre el uso del
aeropuerto de Gibraltar". Algo que queda muy en el aire en la redacción.
El Tercer Artículo establece una cooperación para "alcanzar la
transparencia necesaria en asuntos tributarios" y sobre el "respeto a
los intereses financieros de las partes afectadas", en particular
"estableciendo un sistema reforzado de cooperación administrativa para la
lucha contra el fraude, el contrabando y el lavado de dinero". Así como
para resolver las disputas impositivas.
En concreto,
y recuperando una vieja aspiración española, se indica que las normas
internacionales del G-20 y la OCDE sobre "gobernanza fiscal,
transparencia, el intercambio de información y las prácticas fiscales se
cumplirán en Gibraltar", con miras a "la participación de Gibraltar
en el marco inclusivo de la OCDE sobre la erosión de bases imponibles y el
desvío de beneficios (BEPS)".El acuerdo hace hincapié en que "Reino
Unido garantizará que su ratificación del Convenio Marco de control del tabaco,
adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003, y el Protocolo para eliminar el
comercio ilícito, adoptado en Seúl el 12 de noviembre de 2012, se extiende a
Gibraltar hasta el 30 de junio de 2020".
Y además, Londres "garantizará un sistema
de trazabilidad y medidas de seguridad", uno que "garantizará la
reciprocidad. Acceso a la información sobre trazabilidad de los cigarrillos en
España y Gibraltar". Con el fin de "prevenir y disuadir el
contrabando de productos sujetos a impuestos especiales o impuestos especiales,
el Reino Unido garantizará que, con respecto al alcohol y la gasolina, un
sistema fiscal que tenga como objetivo prevenir actividades fraudulentas
relacionadas con esos productos esté en vigor en Gibraltar". El Artículo
Cuatro establece otro comité bilateral que se convierta en "foro regular
para discusiones" sobre la gestión de residuos, calidad del aire o pesca.
Dejando la puerta abierta a que la UE participe de las mismas.
En materia
aduanera, el Artículo Cinco crea otro comité más como "foro para el
seguimiento y la coordinación entre las autoridades competentes de cualquier
cuestión relacionada con la cooperación en materia policial y aduanera".
El último
apartado es de carácter técnico sobre el comité especializado, formado por
representantes de ambos gobiernos (no hay ninguna referencia en el Protocolo a
las autoridades del Peñón, un detalle nada casual) y las autoridades europeas.
Fuente: El Mundo.es