63 catedráticos de Derecho Penal la consideran 'autoritaria y
regresiva'. Amnistía Internacional
ve riesgos para la libertad de expresión y de reunión pacífica. Y el PP busca endurecer aún más la lucha contra los
'ciberdelitos'
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
ha rechazado la reforma del Código Penal que ha sido aprobada en el Congreso y
remitida al Senado "por el recorte en los derechos de libertad de
expresión e información".
Esta entidad se
constituyó recientemente para defender la garantía de los derechos de libertad
de expresión e información en España. Está integrada por 19 organizaciones
entre las que se encuentran el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la
Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FeSPM), la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU); medios como '20 Minutos' y 'Eldiario.es'; así
como profesionales del derecho, la comunicación y del ámbito universitario
El director legal de la
misma, el abogado Carlos Sánchez Almeida, destaca que en los delitos contra la
propiedad intelectual (artículos 270 y 271) se incorporan ahora los sitios web
de enlaces a obras protegidas por derechos de autor y la modificación de
consolas de videojuegos, "a pesar de que se trata de actividades
declaradas legales reiteradamente por la justicia española".
En concreto, el texto enviado al Senado establece que:
"La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la
sociedad de la información, facilite el acceso o la localización de obras o
prestaciones protegidas ofrecidas ilícitamente en Internet, sin la autorización
de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de
sus cesionarios". Además, dice que se duplican las penas al pasar de dos a
cuatro años de cárcel (artículo 270) pudiendo llegar hasta los seis (artículo
271).
Asimismo, indica que la
manipulación de soportes o dispositivos electrónicos queda recogida así:
"Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años
quien, con una finalidad comercial, fabrique, importe, ponga en circulación o
tenga cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado
para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier
dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador
o cualquiera de las otras obras".
Fuente: El Mundo.es
