El
empresario Víctor de Aldama, está acusado por dos casos ante la Justicia.
El segundo caso, lo tiene también ante la Audiencia Nacional, pero en
otro juzgado: el Central número 2. Es un caso de corrupción más mediático, aún
no siendo las cifras tan grandes, donde el juez Ismael Moreno investiga la
trama Koldo: las mordidas en contratos de mascarillas y otros chanchullos que
implican al exministro José Luis Abalos y a Koldo García, su principal asesor.
El caso hidrocarburos
Es por el caso del
fraude de los hidrocarburos por el que Aldama ha quedado en libertad
provisional. El presunto comisionista fue arrestado tras una operación de
Anticorrupción a principios del pasado octubre tras el despliegue de una
“importante operación policial” contra una organización criminal que había
defraudado 182 millones de euros a Hacienda en dos años. Los investigadores
indagaban en una “serie de entramados societarios instrumentales”, utilizados
presuntamente para esquivar a la Agencia Tributaria y para blanquear esos
fondos posteriormente. El ministerio público admitió la “elevada complejidad”
de las pesquisas, ya que la enorme cantidad de dinero que mueven estas tramas
les permiten acceder a “diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta
capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”. La operación
policial en la que se ha visto envuelto Aldama se saldó con 14 detenciones, así
como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas en
varias provincias españolas: entre otras, Madrid, Salamanca y Cáceres. Pedraz
atribuye a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal,
blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
El fraude del IVA en
el sector de los carburantes ha crecido de manera exponencial en los últimos
años y ya representa alrededor de una cuarta parte del volumen total de venta
de combustible que se anota en el país. El funcionamiento de las tramas es relativamente
sencillo: se basa en la utilización de empresas ficticias que compran
combustibles sin pagar el IVA correspondiente y que luego desaparecen antes de
que la Agencia Tributaria pueda recaudar el impuesto. El esquema principal
suele operar mediante una red de empresas intermediarias, que pueden ser
nacionales o internacionales, dedicadas a la adquisición y venta de
combustibles. Estas compañías, generalmente ficticias, realizan compras de
carburantes dentro de la Unión Europea, aprovechando los mecanismos del mercado
intracomunitario que permiten realizar estas operaciones sin la necesidad de
pagar inmediatamente el IVA. Sin embargo, al vender el combustible a precios
más bajos en el mercado interno, estas compañías emiten facturas con IVA, pero
no lo ingresan a las arcas del Estado. Cuando Hacienda detecta la
irregularidad, las empresas ya han desaparecido.
El caso Koldo
El caso Ábalos, es un
caso de corrupción política en España
en torno a Koldo García Izaguirre, asesor político,
chófer y asistente personal del político
socialista José Luis Ábalos Meco, ministro
de Fomento en el primer gobierno de Pedro Sánchez (2018-2020) y
de Transportes en el segundo (2020-2023) y secretario de organización
del PSOE (2017-2021).
Koldo, junto con
otras seis personas, está siendo investigado en la Operación Delorme por formar
parte de una presunta «organización criminal», formada para lucrarse con nueve
contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en 54 millones de euros.
El también acusado en
este caso, Víctor Aldama, lanzó una serie de acusaciones sin pruebas, como estrategia
jurídica defensiva, en la declaración ante el juez por el caso Koldo, contra empresarios
y ministros del Gobierno de Pedro Sánchez
Al respecto, los ministros
concernidos por las acusaciones de Aldama, anuncian que se querellarán contra él.
El ministro de
Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asegura que solo uno de los
contratos de obra pública que según el empresario imputado Víctor de Aldama
fueron “pre-adjudicados” por el predecesor de Puente, José Luis Ábalos, a cambio
de comisiones se firmó en la época en que Ábalos era ministro. Para Puente,
tras el señalamiento de Aldama, supuesto cabecilla de la trama de comisiones
ilegales que investiga el caso Koldo, hay un intento de burlarse de la
justicia.
Por otra parte, algunas
empresas señaladas por el empresario Víctor de Aldama, considerado el nexo
corrupto de la trama Koldo, se reservan el derecho de emprender medidas legales
para hacer frente a las acusaciones. Aldama cifró en 128 los contratos públicos
que se habrían adjudicado a constructoras próximas a Koldo García Izaguirre por
valor de 54 millones de euros entre 2018 y 2021. Como prueba ha aportado una relación
de obra pública, supuestamente “pre-adjudicada" que se licitaría conforme a los Presupuestos
Generales del Estado correspondientes a 2021, fundamentalmente por la Dirección
de Carreteras, en la que habrían resultado adjudicatarias estas firmas presuntamente por su relación con el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Fuente: El Pais.com
