La Fiscalía de Madrid desmintió la falsa información difundida por el Gobierno de Ayuso para proteger a un defraudador fiscal confeso, lo que ha desencadenado un procedimiento judicial contra varios fiscales, que pretendía implicar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero el Supremo consideró que esa nota informativa que asumió en primera persona el fiscal general del Estado no era constitutiva de delito. Sin embargo abrió la causa por la filtración del correo electrónico que desmontaba la mentira del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en defensa de un defraudador confeso. La causa penal que instruye el magistrado Ángel Hurtado implica ahora, además, al Gobierno de Pedro Sánchez por supuestamente disponer de documentos secretos para desmontar el bulo del Gobierno de Ayuso, antes que el correo electrónico clave, se publicasen en los medios de comunicación.
Declaraciones de los fiscales
implicados
La fiscal Superior:
“Había que desmentir la falsa información". "Espero que se expediente al abogado
[del novio de Ayuso] por vulnerar el secreto de las comunicaciones”. La fiscal
Provincial: “Nadie sabía antes que el denunciado era la pareja de Ayuso”. El
fiscal denunciante: “No se presentó por motivos políticos”
La fiscal superior de
la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal jefa provincial, Pilar
Rodríguez, junto con el fiscal especializado en delitos económicos, Julián
Salto, han declarado que la denuncia contra el novio de Isabel Díaz Ayuso no
tiene un componente político. Según ellos, no sabían quién era el denunciado
hasta después de presentar la denuncia. Lastra y Rodríguez consideraron
necesario desmentir la información falsa difundida por El Mundo y otros medios,
aunque Lastra discrepa sobre los datos incluidos en el desmentido. Además,
Lastra culpa al abogado del novio de Ayuso por filtrar el correo electrónico
que engañó a los medios.
El Gobierno de Ayuso
difundió una información falsa el 13 de marzo de 2024 para defender a la pareja
de la presidenta, Alberto González Amador, un defraudador fiscal confeso.
González Amador declaró facturas falsas por casi dos millones de euros durante dos
años para evitar pagar 350.000 euros a Hacienda. La Fiscalía respondió a esta
mentira facilitando los datos confidenciales en su orden cronológico correcto a
través de una nota informativa y, supuestamente, mediante la filtración de
documentos a los medios.
Este hecho ha
desencadenado un procedimiento judicial contra el fiscal general del Estado,
Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez,
por supuesta revelación de datos secretos. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid envió una exposición razonada al Supremo, que abrió la causa por la
filtración del correo electrónico que desmontaba la mentira del Gobierno de
Ayuso. La causa penal también implica al Gobierno de Pedro Sánchez por disponer
supuestamente del secreto antes de que se publicara el correo electrónico en
los medios.
Las declaraciones de
los fiscales ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, revelan que la
maniobra del Gobierno de Ayuso fue para proteger a un supuesto delincuente
fiscal. Lastra recibió la llamada de su jefe de prensa el 13 de marzo,
informándole sobre la filtración del correo de la fiscalía por parte de Miguel
Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. La información publicada por El
Mundo y otros medios decía que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la
pareja de Ayuso para que se declarara culpable de dos delitos fiscales, pero
esto no era cierto.
Lastra tomó la
iniciativa para desmentir el bulo, aunque sin urgencias. Llamó al Fiscal
General del Estado para comunicarle la noticia y acordaron desmentirla. Lastra
llamó al fiscal Salto, que estaba viendo un partido de fútbol, y le dijo que no
había prisa y que hablarían al día siguiente. Sin embargo, el fiscal general
del Estado se puso en contacto con la fiscal provincial para que esta pidiera
los correos al fiscal Salto.
La fiscal provincial
de Madrid, Pilar Rodríguez, recibió una llamada del fiscal general para que pidiera
unos correos electrónicos que demostrarían que el Gobierno autonómico estaba
mintiendo en defensa del novio de la presidenta. Pilar pensó que era una
petición razonable y decidió recabar los correos para enviarlos a sus
superiores. Con esos correos, el fiscal general ordenó redactar una nota
informativa sobre el procedimiento judicial contra González Amador. Pilar no
participó en la redacción de la nota, solo la leyó y dio su visto bueno.
La fiscal superior
Lastra
apoyó la idea de desmentir los bulos difundidos por un alto cargo de la
Comunidad de Madrid e incluso planeó convocar una rueda de prensa. Sin embargo,
su jefe de prensa no estuvo de acuerdo con la nota informativa enviada desde la
Fiscalía General del Estado y amenazó con dimitir si la publicaban. Lastra
también expresó su desacuerdo con la nota, pero el fiscal general insistió en
que era imprescindible enviarla para contrarrestar los bulos.
Lastra reflexionó
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el origen del caso y
mencionó una llamada que tuvo con el decano del Colegio de Abogados de Madrid,
quien le informó sobre una denuncia contra la fiscalía por revelación de
secretos. Lastra no estuvo de acuerdo con la denuncia y expresó su esperanza de
que el Colegio de Abogados tomara medidas disciplinarias contra el abogado del
novio de Ayuso.
El periodista también preguntó al Sr. Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, sobre el tema y obtuvo respuestas evasivas. Ribón mencionó que el Colegio de Abogados no tiene competencia sobre ellas y que las filtraciones a los medios de comunicación existen desde hace mucho tiempo. Lástima que no pensó lo mismo cuando sin tener pruebas suficientes denunció al Fiscal General del Estado y ahora resulta que, presuntamente, había ignorado las filtraciones del abogado del novio de Ayuso.
Lastra considera que
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a desmentir informaciones
falsas sobre el trabajo de los fiscales, pero no está de acuerdo con la forma
en que se hizo en este caso. Según ella, bastaba con explicar que hubo una
filtración irregular y cómo funcionan las conformidades en el ámbito
pre-procesal, sin dar detalles específicos.
Fuente: El País.com
CONCLUSIÓN
En resumen, el caso que se originó cuando la Fiscalía de Madrid desmintió la información falsa difundida por Miguel Ángel Rodriguez (citado para declarar por el Tribunal Supremo en el mismo caso) para proteger a Alberto González Amador, defraudador fiscal confeso y novio de Ayuso, lo que desencadenó un procedimiento judicial contra varios fiscales, con la pretensión de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero el Supremo consideró que esa nota informativa que asumió en primera persona el fiscal general del Estado, no era constitutiva de delito. Posteriormente, el caso tomó una nueva deriva, con la llamada de un periodista preguntando si había un procedimiento abierto contra la pareja de Ayuso y una empresa llamada Maxwell Cremona. La fiscal provincial confirmó la existencia del caso y decidió informar a sus superiores debido a su relevancia pública. La presidenta madrileña denunció una cacería política contra ella y publicó un mensaje en la red social X. El fiscal denunciante, Julián Salto, explicó que la denuncia no tenía motivos políticos y que se trataba de delitos de defraudación. La filtración de correos electrónicos a la prensa generó una gran controversia y llevó a una dación de cuentas por parte de Salto.
Y más ahora, cuando a
juicio de la fiscal Lastra, señala que la primera filtración, procede del abogado
defensor de Alberto González Amador [lógicamente, poseedor del mismo correo electrónico que
filtró el jefe de gabinete de la presidenta madrileña para engañar a los
medios] confirmado con estas manifestaciones, “No pierdo la esperanza de que el Colegio de Abogados de Madrid le abra
expediente disciplinario”, que declaró la fiscal superior al tribunal superior de
Justicia de Madrid.
Que digo yo, si el mencionado abogado de Alberto González Amador, fue el primer filtrador del correo antes citado al gobierno de Ayuso, por qué el mismo abogado, no pudo filtrar ese mismo correo a otras personas.
Y bien que lo saben, los predadores políticos del PP, encabezados por Feijóo y su fiel jauría de cánidos aulladores.
MORALEJA
Si los casos por la acusación contra el Fiscal general del Estado, el de la trama Koldo, el de la acusación contra Begoña Gómez, y el de la acusación contra David Sánchez Pérez-Castejón, no prosperasen o terminasen no afectando, al Presidente Pedro Sánchez, ni a su familia, ni a ministros del actual Gobierno del Estado, a mi modo de ver y entender, quedaría constatado lo siguiente,
- Que el PP, solo tiene vulgares farsantes, y vendedores de humo sin programa electoral, además de despreciables conspiradores, que con malas artes, propias de partidos radicales de ultraderecha, actúan movidos por la inquina contra, PSOE, Pedro Sánchez, su Gobierno y su familia, con voluntad de usurpar el Gobierno del Estado.
- Que los jueces debieran jubilarse antes de los 70 años, pues caso contrario, tienen tendencia a vivir realidades alternativas, que les aleja de la objetividad, y estando aún en activo, en el ejercicio de sus funciones profesionales, pudieran derivarse responsabilidades legales, que nadie desea, al malgastar los impuestos de los contribuyentes.
POSDATA
La reunión entre, Gobierno central, PP y ejecutivos de Canarias y Ceuta, para abordar la acogida de menores migrantes y su reparto entre comunidades autónomas, ante el colapso que sufren esos dos territorios, ha terminado sin acuerdo, según se indicó al terminar la misma.
Teniendo en cuenta que el partido popular gobierna en Ceuta y cogobierna en Canarias, ya vemos lo poco que les importa estos territorios, al no querer llegar a acuerdos para modificar al artículo 35 de la Ley de Extranjería, donde desde el Gobierno han insistido en la reunión, que la solución debe pasar por la reforma de dicho artículo para que todas las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a esos menores en la medida de sus posibilidades. En cambio el PP ha exigido al Ejecutivo que ponga sobre la mesa un debate más a fondo sobre la política migratoria.
Cabe recordar que la
petición de reformar la Ley de Extranjería partió del propio Gobierno de
Canarias, donde el PP gobierna junto a Coalición Canaria.
Por eso, menos declaraciones grandilocuentes, señorías del PP, y más humanidad. Pues por un lado, el señor Feijóo hace declaraciones, de negarse a rendirse a los chantajes de Vox, referidos a no firmar acuerdos con el PSOE relacionados con la inmigración (so pena de no aprobar los presupuestos en las autonomías donde que gobierna el PP y los votos de Vox son necesarios). Pero por otro, manda al chico de los recados, Miguel Tellado, a que reviente la reunión, que es uno de sus talentos. Lo cual le viene que ni pintado al partido popular, para cumplir los deberes que le impuso Vox.
Y es que, peligra el pequeño imperio del partido popular, pues de las 11 autonomías donde gobierna, se puede ver reducido a 2 ó 3, si el ultimátum de Vox prospera. Eso es lo que único que le preocupa al PP, y a los inmigrantes que les zurzan. ¿Verdad señor Feijóo? Y además ni votan.
Así que "win, win" todos ganan (los del PP, claro) menos: los inmigrantes, Ceuta y Melilla, Canarias, y los derechos humanos que también salen perdiendo. ¡Miren que son miserables estos del PP!
Aunque dicho sea de paso, también me extrañó no ver ningún senador del partido popular, en la reunión "antiabortista", cuando ésta tuvo lugar en el Senado, que es la casa de todos los españoles, y quedó convertido en un mercado persa, que se vende al mejor postor. ¿Qué será lo siguiente, organizar las procesiones de Semana Santa en el Congreso de los Diputados o quizás alguna cumbre de la ultraderecha global?
Con estos mimbres, el PP bien que debiera haber mandado algún representante al cónclave de la extrema derecha en Argentina, que a buen seguro, tanto Milei como el resto de ultras presentes en el evento, echaron en falta al Sr. Feijóo, y a la Sra. Ayuso.
Fuente: Redacción
