5 de agosto de 2023

OPINIÓN. La JEC resolverá el lunes, recurso del PSOE de revisión de 30.000 votos nulos de Madrid , que seguro será contrario a dicha revisión. ¡Viva la Democracia!

 En el PSOE son buenos conocedores de a quien favorece la imparcialidad de la Justicia española

La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto reunirse el próximo lunes para decidir sobre la petición del PSOE de revisar todos los votos nulos emitidos en Madrid para las elecciones generales del pasado 23 de julio, aunque todos entendemos de la dificultad que supone para los jueces dictar resoluciones  contrarias a los intereses de la derecha, aún sabiendo que incumplen la Constitución. 

Desde el PSOE calculan que, si se validara el 4,43% de las 30.200 papeletas que fueron calificadas como nulas, podrían "recuperar" el escaño que ganó el PP tras el recuento del voto exterior.

La junta provincial argumentó que atender la petición del PSOE daría lugar a una "dilación injustificable" que afectaría "forma desmesurada" la realización del escrutinio general, que no deducía que la revisión de los votos nulos fuera a alterar "las diferencias que dan lugar al resultado final" y que la pretensión del PSOE tenía "una mínima posibilidad de éxito si sólo se revisaran y validaran exclusivamente los votos de su candidatura".

La actitud de la Junta Electoral de Madrid, al negarse a aceptar el recurso de los socialistas respecto a la verificación del voto nulo, muestra al PSOE que el camino para la regeneración de la democracia española comienza por legislar sobre inspecciones e investigaciones a jueces y fiscales, de sesgo ideológico predemocrático, favorable a las derechas y los poderosos (bancos, energéticas, multinacionales, etc.)

La Junta Electoral Provincial de Madrid tiene paralizada la entrega de credenciales a los electos por esta circunscripción a la espera de que el organismo arbitral con sede en el Congreso se pronuncie sobre el recurso de los socialistas.

En el escrito que presentó la semana pasada, el PSOE acusaba a la Junta Electoral Provincial de Madrid de haber infringido la normativa electoral y de vulnerar la Constitución al negar su petición para que se revisen todos los votos consignados como nulos. Por ello pedía a la JEC que revocara el acuerdo de la junta provincial y accediera a la revisión de todos esos votos.

El PSOE recurre a la JEC el rechazo de la revisión de los votos nulos en Madrid

El PSOE calcula que necesita 1.341 votos válidos, lo que supone el 4,43% de los 30.241 votos nulos para "recuperar" el escaño que pasó a manos del PP. Según expone, al realizarse el escrutinio únicamente permitido de los votos nulos protestados, se revisaron unos 100 votos, dándose por buenas 32 papeletas del PSOE y 24 del PP.

"Estos datos nos permiten aplicar una regla de proporcionalidad que supone que cada 100 votos, podrían restarse ocho al PP, de tal manera que aplicada a los 30.141 restantes, podría arrojarse una diferencia positiva para el PSOE de 2.411 votos, casi más de 1.000 de los necesarios", añaden.

De esta forma, solicitan "una revisión razonada" pues no se trata, dice, de "porcentajes descabellados o imposibles", sino que con "algo más de cuatro votos cada 100" podría verse afectado el resultado electoral.

El PSOE sufre la injusticia

El PSOE ha sufrido en estos días cómo se las gasta la Justicia española y ha visto cómo se dictan decisiones que son contrarias a la legalidad y a la propia Constitución sin que les tiemble el pulso a la hora de tomarlas.

En concreto, el Partido Socialista ha acusado a la Junta Electoral Provincial de Madrid de infringir la ley electoral y de vulnerar la Constitución al negar la petición de revisión de los votos nulos consignados en la Comunidad de Madrid. Por eso han recurrido ante la Junta Electoral Central para que revoque esta decisión. El PSOE indica que, durante el escrutinio de los votos nulos, sólo se revisaron 100 y se dieron por buenas 32 papeletas del PSOE y 24 del PP.

Según el recurso, «estos datos nos permiten aplicar una regla de proporcionalidad que supone que cada 100 votos, podrían restarse ocho al PP, de tal manera que aplicada a los 30.141 restantes, podría arrojarse una diferencia positiva para el PSOE de 2.411 votos, casi más de 1.000 de los necesarios».

Sin embargo, a pesar de que se trata de algo que afecta tanto al resultado electoral como para la formación de gobierno, la Junta Electoral de Madrid determinó que no se atendía a la petición del PSOE porque dilataría de manera «injustificable» los resultados definitivos de las elecciones.

Además, la Junta Electoral de Madrid lanza una amenaza al afirmar que el PSOE tiene «una mínima posibilidad de éxito si sólo se revisaran y validaran exclusivamente los votos de su candidatura».

La realidad es que la Junta Electoral de Madrid da argumentos que van en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se señala, clara y sin opción de interpretación, que en la Ley Electoral no hay ningún artículo que prohíba la reclamación de la revisión de los votos.

Esta es la Justicia española, y el PSOE ya ha sufrido en sus carnes cómo funciona, del mismo modo que los ciudadanos que se enfrentan a los poderes reales del Estado. Los jueces, y esto requerirá un análisis paralelo, han implantado una dictadura judicial que les coloca, en pleno siglo XXI, en la misma posición que los militares durante la Transición. Y el futuro gobierno de Pedro Sánchez ya debería tener un plan al respecto para corregir dicha anomalía democrática, que a buen seguro, a la ciudadanía no le importaría que, por tomar decisiones justas, le llamaran jacobino.

En España hay jueces justos, que dignifican cada día con su trabajo la toga y las puñetas, pero, por desgracia, cada día son menos porque muchos eligen el "lado oscuro", que hace más fácil ascender en el escalafón y mucho más rentable en todos los ámbitos.

La impunidad con la que viven los jueces que retuercen las leyes para proteger a corruptos y poderosos provoca que, incluso, se dicten decisiones que van en contra de los derechos democráticos fundamentales, como el de la información. En España se están cerrando importantes medios de comunicación por decisiones judiciales, que retuercen la ley para imponer ceses de actividad basados en criterios tan subjetivos como la determinación de la buena o mala fe.

Fuente: Diario16.com ; Publico.es