El
Gobierno, a través del Partido Popular, cambiará toda la regulación penal de
los delitos de terrorismo. Lo hará mediante 90 enmiendas que ha presentado al
Código Penal que se estudia en el Congreso, sin consulta previa al PSOE como es
habitual en este asunto y para tramitarlas y aprobarlas de forma exprés. Su
propuesta unilateral cambia por completo la concepción de la lucha penal contra
el terrorismo al penalizar más comportamientos individuales que los de grupo
organizado y al tipificar la intención de formar parte más que la comisión de
hechos.
El PSOE considera que el Gobierno del PP ha
roto todos los consensos en la lucha contra el terrorismo al haber presentado
una propuesta de nueva regulación penal, sin consulta previa, para aprobarla en
solitario en las Cortes. El Grupo Popular lo aprobará sin informes técnicos.
Dos
propuestas legales polémicas de Interior
- Enmienda al Código Penal. Artículo 573 bis: “Será castigado con una pena de prisión de uno a ocho años quien consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a otros o reforzar la decisión adoptada de incorporarse a una organización o grupo terrorista, a un grupo que conspirase para cometer alguno de los delitos del artículo 571 (los de terrorismo) o que hubiera iniciado preparativos para ello, o de colaborar con cualquiera de ellos o con sus fines”.
- Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. “En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente y otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de comunicaciones, el ministro del Interior podrá acordar la medida de investigación pertinente. En el plazo máximo de 24 horas lo comunicará al juez”.
- El proyecto de Código Penal ha estado bloqueado en el Congreso durante más de un año y, sin embargo, las enmiendas a este capítulo esencial se presentan ahora. Pese a ser uno de los capítulos que prevé penas más altas y que exige mayor sensibilidad para no afectar a derechos, el Gobierno ha vuelto a legislar al margen de los órganos institucionales que emiten informes preceptivos aunque no vinculantes. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal ya emitieron informes en su momento sobre el anteproyecto que hizo el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pero sin tener en cuenta, lógicamente, las 90 enmiendas que presenta ahora el Gobierno a través del PP.
- El Gobierno de Mariano Rajoy ha utilizado reiteradamente la vía de las enmiendas a proyectos de ley en trámite en el Congreso para legislar sobre asuntos trascendentes, en ocasiones vinculados a derechos fundamentales. Evita de esta forma los informes preceptivos técnicos en los que pueden recibir sugerencias o críticas y elude también la polémica del debate y la controversia.
- Así lo hace con el capítulo de terrorismo del Código Penal, con 90 enmiendas tramitadas a toda prisa, y recientemente lo hizo con la legalización en la ley de seguridad ciudadana de las devoluciones en caliente de inmigrantes que saltan la valla de Ceuta o Melilla. En ese caso lo hizo con una enmienda que se incluyó en una disposición final en el último momento.
- También se eliminó con esta forma de legislar la Justicia universal con una enmienda a otra ley y, antes del verano, lo repitió con el aforamiento de toda la Familia Real, tras la abdicación del rey Juan Carlos.
- Hace un mes lo hizo de nuevo para matizar con una enmienda la entrada en vigor de la ley que traspone la decisión europea que ha supuesto la excarcelación de etarras. Pretendía el Gobierno frenar así las excarcelaciones y está a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.
- En breve, enviará el Gobierno el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial a las Cortes sin pedir informes técnicos porque ya los pidió hace meses para el anteproyecto de Alberto Ruiz-Gallardón que ha quedado ahora en una reforma muy parcial. Es decir, no tiene nada que ver el proyecto que remita ahora con el texto sometido en su momento a estudio técnico en el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
- Es legal esta forma de legislar, pero la oposición entiende que es un fraude de ley, porque omite esa exposición pública que supone garantías sobre el contenido. En la mayoría de los casos citados es aún más problemático porque se refiere a leyes que afectan a derechos fundamentales y, por tanto, serán sometidas a escrutinio futuro en recursos ante el Tribunal Constitucional, pero cuando ya estén sobradamente en vigor.
