Un Tribunal falla contra los servicios secretos de Reino Unido por su acceso a comunicaciones privadas interceptadas por la NSA entre 2007 y diciembre de 2014
La
inteligencia británica realizó programas de vigilancia masiva en
Internet que violaron los derechos humanos entre 2007 y diciembre de
2014, según una sentencia dictada hoy por el tribunal que fiscaliza
la actividad de los servicios secretos de Reino Unido. Se trata de la
primera vez que este tribunal, conocido como IPT, falla en contra de
una agencia de espionaje en sus 15 años de historia.
La
sentencia se refiere al sistema por el que el centro de escuchas
británico, GCHQ en sus siglas en inglés, accedía desde 2007 a los
registros de llamadas y correos electrónicos interceptados en Reino
Unido por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA). La
ilegalidad, según la sentencia, radica en que las normas para
interceptar datos de comunicaciones privadas entre personas deben ser
claras y accesibles al público y, hasta el pasado mes de diciembre,
según el tribunal, no lo eran. La actividad realizada desde
entonces, después de que los servicios secretos divulgaron
documentos sobre sus procedimientos, es legal.
La
existencia de los sistemas de vigilancia Prism y Upstream, que
permiten a los servicio secretos estadounidenses recoger información
de ciudadanos de otros países, fue revelada por el diario The
Guardian a partir de los documentos de la NSA filtrados por Edward
Snowden. Diversas asociaciones de defensa de las libertades civiles
denunciaron entonces que el acceso del GCHQ británico a esas
comunicaciones privadas era ilegal.
En
diciembre, el mismo tribunal que hoy se ha pronunciado en contra
dictaminó que esta actividad no contravenía los derechos humanos.
Pero ahora ha revisado su criterio original, y considera que sí los
vulneraba, hasta que la información sobre el procedimiento se hizo
pública, a raíz del proceso abierto en diciembre. “El Tribunal ha
dictaminado que la divulgación pública de dos párrafos con
detalles adicionales, revelada voluntariamente por el Gobierno
durante este litigio, fue clave para que el régimen público se
volviera suficientemente previsible y, por tanto, plenamente
compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos”, afirmó
un portavoz del GCHQ.
Un
documento colgado en la web del tribunal este viernes por la mañana
establecía que “el régimen que regía la solicitud, recepción,
almacenaje y transmisión por parte de las autoridades británicas de
comunicaciones privadas de individuos radicados en Reino Unido,
obtenidos por autoridades estadounidenses, contravino los artículos
8 y 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos”. Dichos
preceptos se refieren, respectivamente, al derecho a la privacidad y
a la libertad de expresión.
La
actividad es legal ahora que los ciudadanos tienen acceso a
información sobre cómo llevan a cabo sus actividades los servicios
secretos. Pero algunos siguen considerando que el propio sistema de
recogida de datos es ilegal. Es el caso de James Welch, director
legal de Liberty, una de las asociaciones que denunció las
actividades del GCHQ. “Ahora sabemos que, al mantener ocultos al
público sus tratos secretos con la NSA, el GCHQ violó nuestros
derechos”, ha declarado Welch tras conocer la sentencia. Ero ha
asegurado que no comparte el hecho de que la práctica sea ahora
legal y anunciado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Un portavoz del Gobierno, por su parte, ha celebrado “una
decisión que no requiere que el GCHQ modifique sus operaciones”.
Fuente:
El Pais.com
