OPINIÓN. De la instrumentalización del odio en las redes sociales. Y del Poder corporativo y el conflicto con la Soberanía Estatal.

Las redes sociales digitales se consolidan como principales espacios de deliberación pública del siglo XXI.  

Sin embargo, lejos de constituir foros neutrales de intercambio democrático, estas plataformas están controladas por un reducido grupo de corporaciones privadas cuyos propietarios concentran un poder económico, comunicacional y político sin precedentes.

  En este contexto, resulta necesario analizar de manera crítica por qué algunos multimillonarios dueños de redes sociales permiten —y en ciertos casos fomentan— la difusión de mensajes de odio, así como las razones por las cuales reaccionan de forma hostil frente a los gobiernos que intentan regular dichas prácticas.

  Este artículo sostiene que el odio cumple una función económica y política dentro del modelo de negocio de las plataformas, y que la confrontación con los Estados revela una disputa estructural entre el poder corporativo transnacional y la soberanía democrática.

El modelo económico de las plataformas y la rentabilidad del conflicto

  El funcionamiento de las redes sociales se inscribe en la denominada economía de la atención, donde el objetivo central es maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios para aumentar la rentabilidad publicitaria y la extracción de datos. 

Diversos estudios han demostrado que los contenidos que generan emociones intensas —como el miedo, la indignación o el resentimiento— tienden a propagarse con mayor rapidez que aquellos de carácter informativo o reflexivo. En este sentido, los mensajes de odio y la polarización extrema no son anomalías del sistema, sino elementos funcionales a su lógica de acumulación.

  La tolerancia hacia este tipo de discursos se justifica habitualmente mediante una apelación abstracta a la libertad de expresión. No obstante, esta defensa resulta selectiva y contradictoria, ya que las mismas plataformas censuran contenidos que afectan intereses comerciales o políticos específicos. De este modo, la libertad invocada no es la del debate democrático, sino la del capital para operar sin restricciones éticas ni sociales, incluso cuando ello implica la normalización de la violencia simbólica y la discriminación.

Redes sociales como actores políticos no democráticos

  Más allá de su dimensión económica, las redes sociales actúan como actores políticos de facto. Cuando a través del control de algoritmos opacos, deciden qué contenidos se visibilizan, cuáles se silencian y qué narrativas adquieren centralidad en el espacio público. Esta capacidad de intervención tiene efectos directos sobre procesos electorales, movimientos sociales y la estabilidad institucional de los Estados.

  Sin embargo, a diferencia de los gobiernos, los dueños de estas plataformas no están sujetos a mecanismos democráticos de control ni a responsabilidades políticas ante la ciudadanía. Esta asimetría configura una forma de poder profundamente antidemocrática, en la que decisiones de enorme impacto colectivo se toman en función de intereses privados y transnacionales. La difusión del odio, en este marco, puede funcionar como una herramienta de desestabilización social y de debilitamiento del tejido democrático.

Regulación estatal y criminalización discursiva de los gobiernos

  El conflicto entre las plataformas digitales y los Estados se intensifica cuando estos últimos intentan ejercer su función reguladora, ya sea para proteger a grupos vulnerables, combatir la desinformación o exigir responsabilidad sobre los contenidos difundidos. Frente a estas iniciativas, los propietarios de las redes sociales suelen reaccionar mediante una estrategia discursiva que presenta a los gobiernos como autoritarios, censores o incluso criminales.

  Esta criminalización simbólica cumple un objetivo político preciso: deslegitimar la intervención estatal y consolidar la idea de que las corporaciones tecnológicas deben operar por encima de las leyes nacionales. 

  Al invertir los roles —empresas privadas como defensoras de la libertad y Estados democráticos como amenazas— se erosiona la soberanía popular y se refuerza una lógica en la cual el poder económico se impone sobre el poder político.

CONCLUSIÓN  

La difusión de mensajes de odio en las redes sociales no puede entenderse como un fenómeno accidental ni exclusivamente tecnológico. Se trata de una consecuencia directa de un modelo económico y político que prioriza la rentabilidad y la concentración de poder por encima del bienestar social y la calidad democrática. 

La resistencia de los multimillonarios dueños de estas plataformas a la regulación estatal revela una disputa de fondo entre la democracia y una emergente oligarquía digital.

  En este escenario, la defensa genuina de la libertad de expresión exige repensar, el rol del Estado, la responsabilidad social de las plataformas y la necesidad de mecanismos de control democrático sobre los espacios digitales. De lo contrario, el odio continuará siendo utilizado como recurso económico y político, profundizando la desigualdad, la fragmentación social y la subordinación de la voluntad popular a los intereses de unos pocos (milmillonarios).

Fuente: Redacción.