Los jueces Hurtado y Peinado si hacen política, en opinión del juez Castro
En
dicha entrevista, dejaba claro su parecer respecto los mencionados juicios,
donde ponía de manifiesto que los jueces Hurtado y Peinado hacían política
desde los juzgados (o así lo entendí yo) para desgastar a Pedro Sánchez y por tanto al gobierno del
Estado.
El
juez José Castro fue entrevistado durante la emisión del programa La Sexta
Explica, donde afirmaba que, "no veremos a Begoña Gómez en el banquillo, que
eso corresponde a Peinado y a cómo lleve la instrucción, y que espera que no se
produzca, aunque del juez Peinado se espera cualquier cosa".
También comentó al respecto, que el auto es ridículo, porque según Peinado, si una persona hace una
llamada (privada) desde un teléfono oficial sería malversación de fondos públicos, y si
rellena una nota (personal) con un bolígrafo público también sería malversación de fondos
públicos. Castro se ha preguntado si eso tiene sentido, recordando que el
propio juez Peinado, ha hecho llamadas desde el juzgado y no descartando que
incluso haya podido llamar a su familia. Con ironía, ha señalado que, siguiendo
esa lógica, merecería ser procesado, lo que pondría al borde del juicio a todos
los funcionarios en España y conduciría al ridículo absoluto.
Y añadió, "le
recomiendo a Ayuso que se haga un tratamiento Psiquiátrico y que me perdone
Ayuso, pero es ridículo, porque no salen en tromba las asociaciones de jueces,
cuando Miguel Ángel Rodríguez. No salen, como la presidenta del Tribunal Supremo, salió a decirle a los vocales,
que se apartara al Fiscal General y buscar otro, parece un comportamiento de
los vocales conservadores del Poder Judicial. No es hacer política lo que dice
Ayuso, que llama al complot contra su pareja"
Respecto
al jurado, ha apuntado que elegir a nueve miembros que no estén contaminados
por las noticias es imposible, porque no pueden dejar de conocer los hechos que
se difunden, y que pretender encontrar ciudadanos vírgenes de información sería
como elegir extraterrestres.
Castro también ha afirmado que los jueces en España son mayoritariamente de derechas. Durante la entrevista se habló además de Air Europa, del nuevo libro del juez Castro, de Isabel Díaz Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez Bajón, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del Fiscal general del Estado (FGE) Álvaro García Ortiz.
Y respecto del procesamiento del FGE, indicó que no había ningún indicio que señalase hacia su culpabilidad, por el caso de revelación de secretos (*)
Finalmente, el juez Castro reaccionó a unas declaraciones de Sánchez, quien había dicho que hay políticos haciendo justicia y jueces haciendo política, y respondió: “Estoy de acuerdo con el presidente Sánchez”.
Quiero añadir, que los razonamientos jurídicos de dicho juez me complacieron mucho, dado que mayormente, coincidían bastante con los de este iletrado en derecho que les escribe, que solo estaban basados en la lógica.
CONCLUSIÓN
Si
eso es así, y hay jueces que no hacen el trabajo que les corresponde, cual es atender
a los asuntos judiciales de la ciudadanía, ¿para que les pagamos el
sueldo entonces?
Por que no me parece mal que jueces y fiscales se pongan en huelga para defender sus derechos, aunque no esté regulado por ley (**). Y yo me pregunto ¿y los derechos de la ciudadanía quien los defiende? ya que entiendo, el mismo derecho, sino más, tiene la ciudadanía a que se atienda sus asuntos judiciales.
Pues según el CGPJ, en 2022, había pendientes de resolver unas 3,4 millones de demandas y recursos, y no creo haya bajado la cifra a día de hoy, sino más bien lo contrario (como la reclamación contra un banco, que este que les habla tiene paralizado en los juzgados desde hace 6 ó 7 AÑOS) mientras que algunos jueces parece ser, se dedican a hacer política.
Por que estoy seguro que 6.000€ a dichos jueces no les parecerá una suma importante de dinero, pero a todos los que están en esa situación, estoy seguro no estarán muy de acuerdo con ellos. Como tampoco lo estarán con los dirigentes de PP y Vox que les respaldan, pues los votantes, cuando llegan las elecciones, no suelen ser demasiado comprensivos con políticos conservadores, caso sean activistas negacionistas, de genocidios y de derechos de los migrantes. Y tampoco ayuda, que Feijóo y resto del partido popular, intervengan en la justicia y aplaudan la participación de los jueces en política estando estos en activo, cuando dichos jueces retrasan la tramitación de legítimas demandas (quien sabe si intencionadamente, para favorecer los intereses de los bancos y al mismo tiempo satisfacer aspiraciones políticas de PP y Vox)
Así
que mejor sería, que los jueces se pusieran a trabajar de una puta vez para resolver los
asuntos judiciales pendientes de la ciudadanía, que es lo que se espera de ellos. Pues considero, no se les entrega nuestros impuestos para malgastarlos haciendo política, sino que entiendo se les paga, para encausar todas las demandas y recursos (incluso los retrasados) presentados en los juzgados en tiempo y forma, tanto por personas físicas como jurídicas, y no para atender asuntos políticos y propios de cada uno de ellos.
Fuente: Redacción
POSDATA
OPINIÓN. Los datos de la Seguridad
Social que desmontan el discurso racista que Feijóo le compra a Vox.
La medidas
del PP de su plan migratorio, está claro se han lanzado para complacer a Vox, y
así mimetizarse con el discurso de la ultraderecha hasta ser indistinguibles.
En
el aquelarre que organizó este fin de semana el partido popular en Murcia,
donde su presidente, Alberto Núñez Feijóo, marcó la hoja de ruta de oposición
al Gobierno de Pedro Sánchez, quizás el anuncio más destacado se ha dado en
materia de inmigración, proponiendo que se cree un visado por puntos, limitar
el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que tan sólo cobren quienes hayan
cotizado en la Seguridad Social.
“Las prestaciones económicas como el IMV deben ligarse a la búsqueda activa de empleo. La mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida. Los que abusan no pueden oscurecer la labor de tantas personas llegadas de otros países”, defendió desde Murcia. Asimismo, fuentes de Génova plantearon, tal y como recogió ElMundo, “prohibir el acceso al IMV a los inmigrantes que no hayan cotizado en España y que no tengan permiso legal de residencia de larga duración”
Pero estos enunciados de Génova, sobre el punto específico
del Ingreso Mínimo Vital, contienen una letra pequeña imposible de eludir. Cual es que, según reza en la web oficial de la Seguridad Social, departamento dirigido por
el Ministerio de Elma Saiz, se da cuenta de sus condiciones claras e
inamovibles: “Los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de
convivencia deben tener residencia legal y efectiva en España de forma
continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la
solicitud”, reza la normativa vigente.
En
otras palabras, la Seguridad Social sí que exige tener la residencia legal en
España al menos por un año para percibir el IMV, al igual que el resto de otras
prestaciones sociales, requiriendo como requisito indispensable el DNI o NIE.
Entonces,
¿en qué casos hay excepciones? Lo cierto es que quedarían exentos los menores
incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción o reagrupación
familiar, también por adopción, víctimas de trata, explotación sexual o de
violencia de género.
En
el caso de realizar la solicitud de manera individual y no por un aval de
núcleo familiar, se establece que la persona solicitante debe haber permanecido
en el país “al menos doce meses, continuados o no, de alta en la Seguridad
Social, Clases Pasivas del Estado o una mutualidad alternativa al Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos”, dicho de otra manera,
se exige haber cotizado al menos un año. En materia migratoria, según reza en
la Ley de Extranjería en su artículo 14.1, “sólo los extranjeros residentes
tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social
en las mismas condiciones que los españoles”.
En
resumen, los requisitos son los mismos tanto para españoles como para
extranjeros. Por ello, la afirmación del presidente del PP no es exacta, dado que los inmigrantes sin tarjeta de residencia no pueden solicitar
dicha prestación a menos que sean de un colectivo excepcional o lleven menos de
un año en España.
CONCLUSIÓN
Profundizando
en el discurso racista y contradictorio, que ha surgido este fin de semana por parte del PP en su
hoja de ruta de medidas migratorias, cabe entrar al detalle sobre algunas de
ellas.
Por un lado, los de Feijóo plantean un “visado por puntos” que dé prioridad a aquellos extranjeros que quieran trabajar en “sectores donde hace falta mano de obra” y que tengan “capacidad de integración” en la cultura y costumbres de nuestro país. “Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones entra”, defendió el exdirigente de la Xunta de Galicia este fin de semana en la bautizada como ‘Declaración de Murcia’.
Y al resto, que llega a España huyendo de la guerra en sus países de origen, sacamos la armada y a cañonazos les hundimos en sus cayucos. ¿No era Hitler quien hacía eso o era Netanyahu o quizás Trump?. Es que tengo un lío con esto. Bueno el más genocida de todos, Hitler o Netanyahu. Ya estamos otra vez. Y vuelta la burra al trigo. Pues el amigo y socio comercial de Ayuso, y ya está.
También Feijóo fijó, requisito sustancial, el papel y compromiso de los países
de origen, ya que si estos ayudan a “poner orden, serán recompensados”,
mientras que, si incentivan el caos, “no tendrán visado las personas que vengan
de los países que no se comprometan a mantener el orden”.
Incluso el líder de Génova se permitió hacer una discriminación racista de las personas migrantes que llegan a España: “En este camino, reconocemos el vínculo especial que nos une con las naciones hermanas de Hispanoamérica, con quienes compartimos lengua, historia y valores y cuya integración en España constituye una oportunidad natural de enriquecimiento mutuo”, ensalzó dejando en un segundo plano la población que proviene de países africanos, que son otro flujo importante que llega a España.
Fuente:
El Plural.com
(*) ANEXO I
Recordemos que la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitida desde el Tribunal Supremo, por el juez que lleva el caso, Ángel Luis Hurtado, que le investiga por presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude a Hacienda del empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Una investigación que se gestó a partir de nota de prensa del FGE de 14/04/2024 para desmentir el bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, tras conocerse que la Fiscalía había denunciado al novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.951,00€ entre 2020 y 2021, a través de facturas falsas (sobre el que ya se ha abierto juicio oral).
Concurriendo que previamente, el abogado del novio de Ayuso, envió mismo email, que desencadenó la imputación de García Ortiz, a una dirección genérica de la fiscalía de delitos económicos (ocurrido en fecha 03/03/2024) a la que pudieron acceder los 13 fiscales del área y otros 4 funcionarios, más centenares de personas indeterminadas. Y siendo además que "varias periodistas testificaron ante el juez Hurtado" que con anterioridad a la fecha de autos, habían recibido copia del mismo correo electrónico que el recepcionado por fiscalía. Que si hubiesen sido admitido por el juez dichas testificales, exculparía del delito de revelación de secretos al Fiscal general del Estado, puesto que, ya era "vox populi" antes que García Ortiz, publicase la nota de prensa aclaratoria del bulo lanzado por el jefe de Gabinete de Ayuso.
Y ahora mismo, en mi opinión, el circo de tres pistas en el que se ha convertido este juicio, todo apunta a que el citado juez instructor, va emitir auto de confirmación en el que se dicta el procesamiento del FGE, por un delito fantasma de revelación de secretos.
(**) ANEXO II
La huelga de jueces y fiscales no está regulada por ley en España; aunque el derecho a la huelga está reconocido en la Constitución, no se ha desarrollado una ley orgánica específica para este colectivo, lo que genera incertidumbre legal sobre su ejercicio.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado que la huelga de jueces carece de base legal y no reconoce la convocatoria, si bien el derecho no está expresamente prohibido.
Veremos, si al PP le montan otra huelga los jueces, si es que vuelve a gobernar otra vez el partido popular, que a este paso. ¡Cuan largo me lo fíais, amigo Sancho!
Fuente: Redacción
