Veo muy creciditos a Feijoo y a todos sus feligreses, y les recuerdo que el PP tienen a medio partido en la cárcel y el otro medio irá a prisión antes del 2030.
Por cierto, si alguna vez, alguien me hubiese asegurado que el partido popular, es un partido
político que cumple todos los estándares de calidad democrática y que por ello, ahora es un firme candidato a presidir este país, sin duda hubiese
tenido mis reservas al respecto.
Pero actualmente, tras conocer sino todo, si
muchos de los tejemenejes mafiosos que se traen entre manos, pasados, presentes
y futuros (con más de 30 causas judiciales pendientes por corrupción del PP) no me fio
ni un pelo de todos ellos.
Pongamos
por caso, el líder de la oposición, A. Núñez Feijóo, que no es descartable que
empezase en política gracias a supuestas donaciones de Marcial Dorado, que
presuntamente ayudase en las campañas electorales del susodicho.. ¿Por
qué si no, iba darle trabajo a las empresas del narcotraficante, siendo Feijóo Presidente o Consejero de la Xunta Galega? Nadie da nada a cambio de nada.
Saltando
al momento actual, cabe destacar, que Feijóo y Tellado ya conocían a Koldo (y
no de vista) ya que, según los audios virales del asesor de Ábalos, en alguna
ocasión se habían reunido ambos tres. Pues según apunta 'Diario Red', en dichos
audios guardados por Koldo en la nube, la relación con la mano derecha de
Feijóo existe desde el 2020, donde Tellado le habría ofrecido beneficios judiales
y trabajo, a cambio de grabar conversaciones del PSOE y entregárselo a ellos.
Y
esto debería ser así porque si damos credibilidad a estos audios cuando afectan al PSOE, también habría que dárselos cuando afectan al PP. Y hete aquí, de como
Feijóo pasa de ser el mesías salva-patrias esperado, a un supuesto mafioso y presunto
golpista.
Luego
tenemos la Presidenta Ayuso, que confunde la Institución que representa, con la
señora Ayuso particular, sin saber muy bien cuando corresponde sus actos a uno
u otro papel. Pues ataca al Gobierno del Estado siempre que lo considera oportuno,
con cualquier excusa, como si ella no hubiese roto un plato nunca (durante
sus mandatos se han enriquecido su madre, su hermano y su novio) . Pero los
ataques se vuelven más virulentos, cuando se trata de defender a su novio,
donde por una lado se victimiza, afirmando que su novio es un particular que no
merece ser perseguido por la Justicia (recordemos que este señor defraudó a la
Hacienda Pública unos 350.000€, y si así se demuestra, está penado con cárcel
según la ley) y por otro, utiliza los servicios jurídicos de
la Comunidad de Madrid en su defensa y también, los de la presidencia del gobierno madrileño (donde M.A. Rodríguez,
se ha mostrado como un consumado propagador de bulos, que ha convencido incluso
al juez Hurtado).
Además,
la justicia, después de 5 años, se ha decidido a investigar por qué durante la pandemia, 2.791 ancianos
murieron en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, sin
asistencia médica ni hospitalaria, en virtud del llamado “protocolo del vergüenza”
aprobado por la Consejería de Salud, con el visto bueno de Presidencia del gobierno
de la Comunidad de Madrid. Desde luego, mal se le está poniendo el horizonte penal a la actual presidenta de Madrid.
En
cuanto a la corrupción del PP, nunca está de más recordar los escándalos de corrupción
protagonizados por políticos del PP, que en el anexo final, solo adjunto algunos de los más de 30
casos de corrupción pendientes de juicio.
También
tenemos el caso de Abascal, más dado a los mensajes de odio, insultos, amenazas,
y acusaciones sin pruebas (donde los jueces admiten denuncias interpuestas por estos o sus afines, con recortes de periódicos) aunque desde Vox, quieren hacerse
pasar como el único partido demócrata y patriota de España, que más me parece esto último una
exageración hiperbólica que cualquier otra cosa, porque un partido que pide 6,5 millones
de euros al banco húngaro de Orbán, y luego, a los 2 años, lo devuelve todo por
transferencia, más 1 millón en concepto de intereses, no me parece mucho de fiar. No estaría de más, que un juez
abriese diligencias al respecto, para determinar de donde salió ese dinero y caso
ser ingresos corrientes, si se pagaron impuestos al respecto.
Por
otra parte, tengo mis dudas, respecto al famoso “reemplazo” que los de Vox tienen
en boca todos los días, sino se referirán a sustituir al actual monarca, porque a
diferencia de lo que opina gran parte de los españoles incluidos los votantes
del PP y por supuesto los de Vox, el partido ultra de Abascal me parece el mayor
peligro interno para la democracia que hay actualmente en España.
En
ese sentido, el otro día estaba viendo y escuchando una tertulia en el canal 1
de TVE, cuando comprobé, como la mayoría de los tertulianos, incluido la
moderadora, aseguraban que si hubiesen elecciones y el tándem PP-Vox gobernasen
el Estado, no ocurriría nada (malo entiendo) al igual que ha pasado en las comunidades autónomas donde
gobernaron. En ese momento, mi cerebro entró en ebullición, y me asaltaron a la
vez, 1.000 preguntas y respuestas al respecto. La primera, era que para estar en un
programa informativo, hay que documentarse primero, antes de desinformar a la
población. La segunda es que supongo que ninguno de los tertulianos no era heterosexual,
ni inmigrantes, ni feminista, porque ya se sabe que los ultras no se llevan demasiado
bien con la comunidad LGTBI+, inmigrantes y feministas, que cariñosamente las llaman
feminazis. La tercera que entiendo que tengan mucho trabajo, pero la historia
de España siempre conviene de vez en cuando repasarla, para rememorar que les
ocurrió a nuestros padres y abuelos durante la guerra civil y la posguerra. Y recordar también, que los
ultras de Vox son los herederos de aquellos que dieron un golpe de estado que
barrió España y causó un millón de muertos, de lo cual se sienten orgullosos, aquellos y estos.
Pero
además entiendo, que es una forma muy grosera de blanquear a la extrema derecha,
que las víctimas del franquismo, aún enterradas en las cunetas, no se merecen.
Y
no olvidemos, que Vox se retiró del gobierno en las autonomías
donde cogobernaba con PP, porque no querían MENAS (inmigrantes menores no
acompañados) en esos territorios. Entre todas las demás, estimo que esta sería la mayor
irresponsabilidad cometida por Vox, pero para el PP todo está bien, con tal de mantener
las poltronas.
Pero
el Gobierno progresista actual, en cambio, cumple con el derecho internacional en la protección de los menores, y atiende la justicia social, subiendo las pensiones
y el SMI, conforme el IPC, y trata de solucionar el problema de la vivienda en España, con la derecha extrema en contra, como no podía ser de otra manera. Mientras que el PP echa o no admite a los MENAS en las autonomías donde gobierna y cuando alcanza el gobierno del Estado, congela la subida de Pensiones y del
SMI, y defiende ak los propietarios de vivienda y que se joda el resto. Eso sí, todos los domingos van a misa y echan limosna en los cepillos, para los pobres (sacerdotes entiendo)
La
legislatura (XIV) del primer Gobierno de coalición en diez leyes
- Los ERTE de la
pandemia
- La reforma laboral
- El tope al gas
- Solo sí es sí
- La ley de Memoria
Democrática
- La revalorización de
las pensiones con el IPC
- Los impuestos sobre
los beneficios de la banca y las energéticas
- El Ingreso Mínimo
Vital
- La ley 'trans' y el
aborto
- La primera ley de
vivienda
La legislatura (XV)
del segundo Gobierno de coalición en siete leyes orgánicas aprobadas
- Ley de
amnistía
- Ley de
representación paritaria y equilibrada de mujeres y hombres,
- Leyes
por las que se regula el Ministerio Fiscal
- Ley
para el intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea.
- Ley del
derecho a la defensa; otra,
- Ley de
reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra en cuanto al tráfico
(de perfil autonómico)
- Ley para
dotar de más eficacia a la Justicia española.
Que para ser un gobierno débil el actual no está nada mal y para si lo quisiera el PP si alguna vez vuelve a gobernar.
Después
de todo lo anterior, es inconcebible e intolerable, que el gobierno progresista
actual se le demonice y a Vox se le eleve a los altares. Ni lo uno ni lo otro. Un
poquito de por favor hombre.
Y
menos espectáculos de parte de sus señorías de la derecha extrema, en el Parlamento
(Congreso de los Diputado y Senado) que son pagados por nuestros impuestos y nos están
representando.
Arreglen
sus diferencias dialogando, que para eso existen dichas Instituciones, sino lo hacen por ustedes mismos, háganlo por la ciudadanía que lo está pasando mal. O sino, también pueden irse al bar, a resolver sus diferencias a puñetazo limpio, como neardentales.
Fuente:
Redacción
POSDATA
No
quería terminar este escrito sin dirigirme al The Times, en el sentido
de antes de revolver la mierda de la UE, limpien su casa, que entre deportaciones, guerras y el asesinato de parlamentarios, buena la tienen.
Y
mejor, comentar a sus socios estadounidenses que si entran en guerra con Irán, no lancen los misiles desde la base militar de Rota (Cádiz) que EE.UU. tiene en España porque el país islámico ya ha advertido que atacará
a España si esto ocurre. Así que guárdense sus mierdas para ustedes.
Y también dígales que del 5% del PIB para la OTAN nada de nada. España es un
país soberano. No lo olviden nunca.
ANEXO (de los treinta y tantos casos de corrupción pendientes de
juicio)
'Gürtel',
el abecedario de la corrupción
El
corazón de la corrupción del PP, el caso Gürtel, se conoció en 2009 cuando el
entonces juez Baltasar Garzón desarticuló la trama de corrupción política más
grave de la democracia, según se desprende de las condenas que ya ha cosechado
en todo este tiempo. La trama, encabezada por el empresario Francisco Correa,
al frente de un holding de empresas de organización de eventos, se valió de sus
contactos en el PP para instaurar una red de sobornos a cambio de
adjudicaciones públicas en ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP. La
investigación judicial, repartida en múltiples piezas separadas, ha concluido
con condenas de cárcel para exalcaldes, exconcejales, y miembros de aquellos
ejecutivos regionales. Son tres las condenas al partido por lucrarse de 'Gürtel',
y aún queda un juicio pendiente.
El
próximo mes de noviembre se cerrará por fin este largo proceso judicial que ha
investigado una década de corrupción del caso Gürtel, entre 1999 y 2009. Se
juzgará a Francisco Correa y a varios abogados que dieron cobertura legal a la
trama, acusados de fraude fiscal, blanqueo, falsedad documental y asociación ilícita. Les acompañará en el
banquillo Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia,
considerado lugarteniente de Correa.
El
novio de Ayuso y los protocolos de la vergüenza
El
empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está procesado por defraudar a Hacienda 350.000
euros. Un caso que la presidenta madrileña ha politizado, al mostrarlo como un
ataque a su persona y que ha desembocado en la primera investigación a un
fiscal general del Estado.
En
cuanto a las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad
de Madrid durante la pandemia por culpa de unos protocolos que impidieron su
traslado a los hospitales, hay tres altos cargos del Gobierno de Ayuso
imputados por omisión del deber de socorro. Dos juzgados los que de momento han
abierto causas por estos hechos, uno en Madrid y uno en la localidad de
Leganés. La jueza de este juzgado ha solicitado que se unifiquen las dos causas
en el juzgado de la capital.
Las
guerras sucias del Ministerio del Interior
A la
diversidad de casos de corrupción y de presuntas negligencias que salpican al
PP y a sus gobiernos se une una de las anomalías más serias de la democracia,
la creación de una brigada política dentro de la Policía para espiar y
neutralizar a oponentes políticos y salvaguardar al PP. Así desde el Ministerio
del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, en el gobierno de Mariano
Rajoy, se desarrolló presuntamente una trama para arrebatarle al que había sido
tesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas de la financiación irregular del
partido. Es lo que se conoce como caso Kitchen, que se juzgará en mayo de 2026,
con el exministro Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, en el
banquillo de los acusados, entre otros.
Las
cloacas de aquel Ministerio del Interior también han llegado a la Audiencia
Nacional, en una investigación del juez Pedraz sobre el espionaje que sufrieron
los diputados de Podemos en 2016.
El
Gobierno de Murcia, a juicio
La
desaladora de Escombreras, en Cartagena, supuso un sobrecoste para las arcas
públicas de la región de 74,1 millones de euros, según Anticorrupción, y fue el
reflejo de un modelo de gestión, con gobiernos del PP en la región, marcado por
los desmesurados planes urbanísticos que el Tribunal Supremo acabó tumbando.
Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia entre 1995 y 2014,
presidente de honor del PP de Murcia, y ex vicepresidente del Parlamento
Europeo (2014-2019), está procesado por este caso. El juicio se celebrará en
2027.
Se
trata del segundo expresidente de la región perteneciente al Partido Popular
que será juzgado por presuntas prevaricación y malversación, tras la condena de
Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio. Precisamente, este está procesado
por el caso Guarderías, sobre presuntas irregularidades en la construcción de
los centros municipales de atención a la infancia y la mujer en el municipio
murciano de Puerto Lumbreras cuando fue alcalde.
Otro
caso pendiente de juicio es Novo Carthago, sobre la urbanización de terrenos
cercanos al Mar Menor, en áreas protegidas y no urbanizables. Se espera que a
finales de este año se retome la vista oral contra varios exconsejeros
regionales después de que fuera aplazada en 2023 por la sobrecarga en la agenda
de señalamientos de las secciones penales de la Audiencia Provincial, como se
llegó a publicar en la prensa local entonces.
Macrocausa
‘Púnica’
En
2014 la UCO detuvo a 50 políticos, concejales y empresarios de Murcia, Madrid,
León y València implicados en una trama de corrupción de adjudicación irregular
de servicios públicos y de blanqueo de capitales. Aquella inmensa red, que solo
en Madrid supuso unos 250 millones de euros en adjudicaciones irregulares,
desveló un operativo orquestado presuntamente por el entonces secretario
general del PP de Madrid, Francisco Granados, para amañar concursos públicos
que incidía en la financiación del partido.
La
entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, llegó a estar imputada
en la causa, pero finalmente el juez García Castellón la libró, con el apoyo de
la Fiscalía Anticorrupción, pese a existir indicios de financiación ilegal
durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
En la
actualidad se está desarrollando el juicio por una de las nueve piezas que aún
siguen abiertas por este macrocausa, la pieza Cofely, sobre los contratos
públicos, entre 2012 y 2014, a la multinacional Cofely por los ayuntamientos de
los municipios madrileños de Moraleja de Enmedio y Torrejón de Velasco,
gobernados por el PP.
Negocios
con el patrimonio público
El
caso Lezo, con epicentro también en la Comunidad de Madrid, se bifurcó en cinco
piezas, pendientes de juicio, sobre corrupción en el gobierno de la Comunidad
de Madrid a manos del PP, por la utilización de la sociedad pública del Canal
Isabel II para la compra de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana
Inassa, y con el presunto amaño de la adjudicación pública del campo de golf
del Canal de Isabel II y con las obras del tren a Navalcarnero. Está procesado
el expresidente madrileño Ignacio González, entre otros ex cargos públicos.
Tres
nuevos casos de Ayuso
La
número tres del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana
Millán, está siendo investigada por los delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, por
contratación pública irregular durante su etapa en el Ayuntamiento madrileño de
Arroyomolinos. Otros casos que se investigan en estos momentos y que salpican a
Ayuso son el caso FP y el caso Judith Piquet. El primero de ellos versa sobre
la adjudicación a dedo, a través de contratos menores, al Grupo Virelec, de
obras de reformas en centros educativos que debían haber sido licitadas.
Respecto
a Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, está siendo investigada por un
presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, por la filtración
de un parte policial referido a una agresión sexual. La fotografía de este
documento interno de la policía local fue usada por Alfonso Serrano, secretario
general del PP de Madrid, para relacionar el delito con la llegada de personas
migrantes.
'Operación
Borrasca'
Hace
unas semanas era detenido Francisco Martínez, ex secretario de Estado de
Seguridad, junto con el hacker José Luis Huertas Rubio, Alcasec, por integrar
una red dedicada a perpetrar ciberataques a organismos públicos y empresas, y
vender luego los datos obtenidos. Martínez, procesado por el caso Kitchen,
Una
investigación de Público desveló que el Ayuntamiento de Madrid contrató al
'hacker' Alcasec para que auditara sus aplicaciones móviles con la mediación
del ex 'número dos' de Interior, Francisco Martínez, procesado en el caso
Kitchen.
El
exministro Montoro y los contratos en Andalucía
Un
juez de Tarragona investiga si el bufete Equipo Económico, fundado en 2006 por
Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con Mariano Rajoy, usó presuntamente
sus influencias en la Administración para beneficiar a sus clientes. El
ministro de Hacienda entre diciembre de 2011 y junio de 2018 impulsó la llamada
'amnistía fiscal', que fue declarada inconstitucional por el TC.
Por
otro lado, dos juzgados investigan los contratos de la Junta de Andalucía para
obras en los centros sanitarios de la comunidad durante la pandemia. Hay dos
causas abiertas en este sentido, una, en Sevilla, por los contratos de
emergencias y otra en Cádiz donde se investigas los contratos menores, es
decir, adjudicados sin licitación pública.
'Caso
Elecnor'
El
listado de los 30 casos pendientes de juicio contra exdirigentes del PP se
cierra con el conocido caso Elecnor, por el que han sido procesados los
exdiputados del Partido Popular Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna,
acusados del pago de mordidas a miembros del gobierno argelino para amañar la
adjudicación de la construcción de una desaladora y un trazado ferroviario en
el país norteafricano a la constructora Elecnor y otras dos mercantiles para
las que trabajaban.
El
caso lleva nueve años en investigación y a principios de 2025 la Audiencia Nacional rechazó el recurso de
los acusados para archivar la causa al apreciar como sólidos los indicios de
los delitos de corrupción.
Fuente:
publico.es
