Amnistía
Internacional (AI) ha vuelto a denunciar el uso de herramientas de espionaje
antiterrorista por parte de "gobiernos hostiles" para vigilar a ONG y
activistas. La organización ha alertado de un nuevo "intento
deliberado" de espiar a sus trabajadores, después de que uno de ellos
recibiese un mensaje sospechoso de WhatsApp en árabe que contenía detalles
sobre una supuesta protesta frente a la embajada saudí en Washington.
Las investigaciones
del equipo de tecnología de Amnistía Internacional han revelado que, de haber
abierto el enlace, se habría instalado Pegasus, una sofisticada herramienta de
vigilancia desarrollada por la empresa NSO Group, con sede en Israel. La ONG
añade que otra persona activista por los Derechos Humanos de Arabia Saudí había
recibido un mensaje malicioso similar.
"Se sabe que NSO
Group sólo vende sus programas espía a gobiernos. Por tanto, creemos que ha
sido un intento deliberado de infiltrarse en Amnistía Internacional por parte
de un gobierno hostil a nuestra labor por los derechos humanos", ha
declarado Joshua Franco, director de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía
Internacional.
Estas potentes
herramientas de hackeo estatal permiten un tipo de vigilancia
"extraordinariamente invasivo". "Un teléfono inteligente
infectado con Pegasus está básicamente controlado por el atacante, que puede
retransmitir llamadas, fotos o mensajes directamente al operador", ha
apostillado.
CASOS PREVIOS DE
ESPIONAJE
Hace un año (junio de
2017) varios miembros de la oposición en México, periodistas y defensores de
Derechos Humanos fueron víctimas de espionaje a través de este mismo
'software'. Ya entonces un estudio de investigación de la Universidad de
Toronto concluía que éste era comercializado exclusivamente para los gobiernos.
Según las
investigaciones de Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinario con sede en
la Universidad de Toronto que se centra en investigación y desarrollo de medios
digitales, seguridad global y Derechos Humanos, Pegasus fue utilizado para
vigilar a algunas de las personas más críticas con el Gobierno, así como a
otros objetivos que estaban investigando en torno a la corrupción del
presidente de México, Enrique Peña Nieto, y las violaciones de Derechos Humanos
por parte de las autoridades mexicanas.
Uno de los
investigadores de Citizen Lab, John Scott-Rialton, declaró a Reuters que la
información que proporcionó "es una sólida evidencia sobre la implicación
del Gobierno de México", y destacó al país por su alto número de casos de
espionaje a civiles, así como por la intensidad de los esfuerzos a la hora de
llevarlos a cabo.
Según el informe, al menos tres agencias
federales mexicanas se habrían gastado, desde 2011, casi 80 millones de dólares
en programas de espionaje que supuestamente se usarían en exclusiva para luchar
contra el crimen organizado o en aspectos relacionados con la seguridad
nacional (y en todo caso bajo autorización judicial previa).
Además de los
políticos opositores al Gobierno, al menos 10 periodistas y defensores de
Derechos Humanos mexicanos fueron identificados como víctimas. Este 'software'
antiterrorista sigue teniendo un uso perverso un año después y el ataque contra
Amnistía Internacional pone de relieve "el grave riesgo que corren los y
las activistas de todo el mundo debido a este tipo de tecnología de
vigilancia", concluye la ONG.
Fuente: Europa Press
