El partido popular hace tiempo debiera haber desaparecido del arco
parlamentario porque desde que Aznar, a sabiendas que no era cierto, atribuyó a ETA el ataque terrorista
yihadista contra el metro de Madrid, ha dejado de ser un partido democrático.
Sabido es, que el PP es un partido putrefacto y lleno de contradicciones, a partes iguales, así como corrupto hasta la médula, según se deduce de sentencia del Tribunal Supremo (TS) al respecto.
Pero dicha podredumbre
no emana de la cúpula del partido, que también, sino que ahora ha llegado a las
bases, que tararean insultos contra las Instituciones del Estado y aplauden las
decisiones arbitrarias e incoherentes que toman la dirección general del partido,
lo cual demuestra la situación de decadencia a la que ha llegado este partido supuestamente
conservador.
Dicho partido, parece ser ha vuelto a sus orígenes
ideológicos, los que preconizaba Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular (antecesor político
del Partido Popular actual) donde se hacía
negación de los derechos de los trabajadores, del de los inmigrantes, del divorcio,
del aborto, de la eutanasia, etc., etc.. Vamos un partido de derechas del
medievo que se dice.
Pero ete aquí que el PP hace suyos ahora dichos
postulados, en parte en homenaje a su fundador, pero principalmente, obligado
por el empuje de Vox, que amenaza con el sorpaso al partido de Aznar, que es el
fundador del partido popular.
Pero en el pecado está la penitencia, y justo ahora
desde el PP, se demuestra que desde el propio partido, se considera que las muertes
ocurridas por crisis sanitarias y/o climáticas, en los territorios gobernados
por ellos, (con mayoría absoluta o tutelados por Vox) son solo efectos
colaterales necesarios para conseguir un bien superior, cual es que “el país
sea uno, grande y libre”. Postulado que coincide con el de partidos extremistas
estatales como son PP y Vox, pero curiosamente también, con los independistas catalanes
como Junts y Alianza Catalana.
Todo ello, me lleva a concluir, que lo expuesto no
son fallos en la gestión de dichas crisis, sino un plan premeditado a fin de
llegar al gobierno, valiéndose de todos los medios posibles, sean legales,
alegales o ilegales (financiación irregular del partido, mordidas, policía patriótica,
etc..)
Y además, aprovechando que el Pisuerga para por
Valladolid, si se puede hacer negocietes, pues se hacen. Me estoy refiriendo a
la reconstrucción de Valencia tras la dana, y como se repartían contratos a
dedo a empresas de empresarios relacionados con la 'trama Gürtel'. La privatización de la Sanidad en
Madrid y Andalucía (con el auge de los seguros sanitarios privados) y las
consecuencias terribles por todos conocidos, como son las al menos 20.000
mujeres desatendidas en Andalucía por la falta de comunicación del diagnóstico en
el cribado del cáncer de mama y de colon. O también los 7.291 ancianos fallecidos
en las residencias de mayores de Madrid, que la fiscal que se encarga ahora de
acusar sin pruebas al fiscal general del Estado, se encargó de echar tierra sobre
el caso para tapar dichas muertes en Madrid.
Y
también está la privatización de los bomberos con consecuencia desastrosas para
Castilla y León, donde aparte de la perderse gran cantidad de bosques, se
perdieron vidas humanas.
Para acabar
tenemos la privatización de la educación, especialmente en Madrid, donde se retiran
fondos públicos a la enseñanza pública para dárselos a la enseñanza privada en
colegios y universidades.
Y por
último están los negocietes con las mascarillas durante las pandemias, que
mientras unos morían en los hospitales por falta de medios, otros se forraban a
base de bien. Tenemos como ejemplo al novio de Ayuso y a su familia, que no puede
decirse les fuese mal, más bien lo contrario.
Es decir allí donde había oportunidad de trincar,
allí está alguien del PP poniendo el cazo.
CONCLUSIÓN
Digo que el partido popular tiene licencia para matar
porque quedan sin castigo los principales responsables de las muertes producidas
por la gestión negligente de crisis sanitarias y climáticas, en los territorios gobernados por PP. Que
tienen licencia para mentir es un hecho constatable a diario en los medios de
comunicación. Y que es un partido ladrón, solo hay que leerse la sentencia del
Tribunal Supremo por el caso de 'trama
Gürtel'.
Abajo
dejo lista de casos de corrupción del partido popular, para que los
desmemoriados de dicho partido no se olviden.
Fuente: Editorial
ANEXO I
De la A a la Z: todos los casos de
corrupción del PP
La sentencia de la 'trama Gürtel' propició la
moción de censura contra Rajoy, pero las causas pendientes se extienden a todos
los niveles del partido.
La trama Gürtel
La corrupción de la trama Gürtel y el Partido
Popular extendió sus tentáculos por todos los escalones de la administración
pública: desde ayuntamientos hasta empresas estatales pasando por
administraciones autonómicas. El Tribunal Supremo dictó una tercera sentencia
firme sobre la trama corrupta Gürtel, resolución en la que los jueces confirman
las condenas de Francisco Correa, José Luis Izquierdo y dos responsables de
comunicación de AENA durante la etapa en la que Francisco Álvarez Cascos gestionaba
este organismo adscrito entonces al Ministerio de Fomento. El Alto Tribunal da
por probada la corrupción en este organismo estatal, igual que antes lo hizo en
el Gobierno de la Comunitat Valenciana y en varios ayuntamientos madrileños.
Todo en el marco de lo que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía definió como una “relación simbiótica” entre trama y partido en
un informe de hace ya siete años.
A continuación, una lista de la A a la Z de todos los
sumarios que afectan al PP y que han acabado en los tribunales. Algunos de
ellos, cuya sentencia es absolutoria --como el caso Camps, relativo al pago de
30.000 euros en trajes por parte del expresidente de la Comunidad de Valencia
Franciso Camps-- no se mencionan al ser declarados inocentes de cualquier
responsabilidad. Otros, con sentencias en la misma dirección, sí que forman
parte de la lista al haber concretado el juez que los indicios existían pero
que no podían derivarse en condenas o aquéllos en los que sí hubo delito pero
han prescrito.
- Andratx.-
El
de Andratx, en Baleares, es uno de los más paradigmáticos de corrupción
urbanística. El escándado, destapado en 2006, ha cosechado 15 sentencias,
aunque solo en una se pudieron verificar los pagos ilegales.En la causa sobre
la construcción de un edificio ilegal se constató un soborno entre el alcalde,
un empresario y el celador. En otro juicio un imputado, un constructor, acusó
al funcionario Jaume Gibert de pedirle una dádiva: la compra de su yate con
sobreprecio. Gibert, el exalcalde de la localidad del PP Eugenio Hidalgo y el
responsable de urbanismo Jaume Massot entraron en la cárcel condenados por
corrupción.Junto a este caso, en varias localidades de las islas gobernadas por
el PP tuvieron lugar otros de corrupción como el caso bitel, caso bitel-2, caso
bomsai, caso Plan Territorial o caso Bon Sosec. Este último fue un asunto de
corrupción política relacionado con el cementerio Bon Sosec, situado en el
municipio de Marrachí, en la isla de Mallorca. Afectó al entonces alcalde de
Palma de Mallorca Joan Fageda, del Partido Popular.
- Arena.-La conocida como
Operación Arena por parte de la Policía Nacional afectó al PP de Galicia,
aunque finalmente la causa fue archivada. La policía sospechaba que el
exdiputado del PP, Javier Escribano Rodríguez había recibido un Porsche Boxster
de parte del empresario de Pontedeume, Fermín Duarte, a cambio de mediar en la
Xunta a favor de la empresa Manmer, SA, que vendía como reciclado un residuo
asfáltico contaminante con restos de betún y alquitrán. El juez instructor
dictó un auto en el que enumeraba indicios de un supuesto delito que, sin
embargo, no pudo ser probado.
- Auditorio.-
El
expresidente de Murcia del PP Pedro Antonio Sánchez está imputado prevaricación
y fraude. Como alcalde de Puerto Lumbreras impulsó en 2006 un complejo cultural
de 10.000 metros cuadrados con un coste de 6 millones de euros a pagar con una
subvención.
- Baltar.-
El
expresidente del PP y de la Diputación de Ourense José Luis Baltar fue
condenado a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación continuada
en relación con las 104 contrataciones hechas en 2010 para la Diputación sin
cumplir con los requisitos legales de publicidad, mérito y capacidad. La
condena no tuvo efectos reales ya que el político gallego se encontraba ya
jubilado.
- Bankia.-
En
este caso sobre las tarjetas de crédito opacas en los que altos directos de la
caja de ahorros se llevaron grandes cantidades no afecta al PP como partido,
sino algunos de sus miembros que, junto a miembros de partidos de signo
distinto, formaban parte de la entidad bancaria.
- Biblioteca.-
El
caso Biblioteca en Murcia relativo a la adjudicación a dedo de contratos de
obras por el Ayuntamiento de Librilla afectó al alcalde de la localidad en el
momento de los hechos, José Martínez García, los concejales Pedro Martínez
Muñoz y Francisco Navarro Warren --del mismo partido político--, el secretario
municipal e interventor, Marcos Martín Tovar, y el arquitecto técnico José Luis
Martínez López.
- Bárcenas.-
Éste
ha sido uno de los más llamativos a nivel nacional. El extesorero de la
formación conservadora Luis Bárcenas fue investigado y condenado por
financiación ilegal del PP.
- Caballo
de Troya.- Como
en el caso Bárcenas, el caso Caballo de Troya también estuvo vinculada a la
trama Gürtel. Según las investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia
Civil se trata de una supuesta organización dedicada al alzamiento de bienes,
insolvencias punibles y el blanqueo de capitales.
- CAM.-
Varios
directivos relacionados al PP de la extinta caja del Mediterráneo fueron
condenados a penas de cárcel por la Audiencia Nacional por delito societario
continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a los
inversores, por realizar conductas "tendentes a distorsionar las cuentas y
balances de la entidad".
- Campeón.-
Es
una investigación judicial sobre la presunta concesión de subvenciones
irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos.El sumario afectó a dos
diputados autonómicos y al exministro de Fomento José Blanco tras las
declaraciones hechas por Dorribo de que se reunió con el titular de Fomento en
una gasolinera, previo pago de 200.000 euros al primo de Blanco con el fin de
que éste acelerara gestiones a su favor en el Ministerio de Hacienda y de
Sanidad.
- Carioca.- Esta operación
destapó una red internacional de tráfico de mujeres y prostitución ilegal con
base en Lugo y que operaba en España y Brasil. El caso, que sigue abierto,
salpica a la brigada de extranjería de la Policía Nacional de Lugo a la Guardia
Civil y a la Policía Local.
- Cementerio.- Afecta a la
privatización de cementerios municipales en el PP de Madrid.
- Cifuentes.- La expresidenta de
la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes tuvo que dimitir después de la
aparición de un vídeo en el que se la veía presuntamente robando cremas de un
supermercado. Pero es el caso anterior el que le ha llevado ante la justicia.
La exdirigente popular fue citada a declarar en relación a su máster por la
Universidad Rey Juan Carlos. La investigación se centra en si su titulación fue
otorgada o no de forma lícita o hubo trato de favor.
- Conde
Roa.-
El exalcalde de Santiago de Compostela, Conde Roa, fue condenado a dos años de
cárcel por defraudar 291.000 euros a través de su inmobiliaria.
- El
de la construcción.-
Fue un capítulo de corrupción urbanística en el ámbito del Ayuntamiento de
Burgos, que se saldó en 1994 con la pena de 12 años de inhabilitación especial
por delito de prevaricación continuada al ex alcalde de Burgos José María Peña
San Martín, por la concesión irregular de licencias municipales, y la de siete
años de prisión para el constructor Antonio Méndez Pozo por falsedad documental
y tres meses de arresto por desacato. El exsecretario del ayuntamiento de
Burgos Esteban Corral, por complicidad en el delito de prevaricación, recibió
tres años de suspensión para cargo público.
- Cooperación.- Otro episodio de
corrupción que se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, cuando
era presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, en el que
supuestamente fueron desviados alrededor de seis millones de euros de los
fondos que el Ejecutivo autonómico dedicaba a la cooperación con países del
Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino. La trama, que encabezaba
Augusto César Tauroni --el único imputado que inicialmente ingresó en
prisión--, desvió el dinero gracias a las conexiones que tenía con la
conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, que encabezaba el popular Rafael
Blasco, que era el departamento que concedía las ayudas.
- La
Ciudad del Golf.-
Se conoce como la Ciudad del Golf a un proceso judicial con origen en la
localidad de Las Navas del Marqués, y que se inició en 2006 cuando la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de esta localidad, en
un terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que
incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos
hoteles de alta gama. La sentencia absolvió a los cinco imputados.
- El
Lino.-
En 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas
irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del
gobierno del PP, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio.
- El
Roblillo.-
Se trata de un episodio de corrupción urbanística en Murcia en el que se dio
luz verde la construcción sin tener los recursos hídricos garantizados. La juez
finalmente archivó el caso porque las posibles ilegalidades no fueron
“flagrantes y arbitrarias”.
- Emarsa.- Emarsa se produjo
en la Comunidad Valenciana en el que se han visto implicados dirigentes y
militantes del Partido Popular y que salió a la luz pública a finales de 2011
cuando fueron imputados los directivos de la empresa Emarsa (Entidad
Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima) creada por el Ayuntamiento
de Valencia y otros 17 municipios cercanos, que se dedicaba a depurar las aguas
residuales del área metropolitana de Valencia antes de librarlas al mar, o
destinarlas al riego o a alimentar el Parque Natural de La Albufera.
- Fabra.- Es un capítulo de
corrupción política que investiga los presuntos delitos de tráfico de
influencias, cohecho y fraude fiscal, en el que el expresidente de la
Diputación de Castellón Carlos Fabra Carreras debería haber mediado
políticamente para agilizar las autorizaciones administrativas de productos
fitosanitarios, fabricados y comercializados por el empresario Vicente Vilar, a
cambio de comisiones económicas.
- Faycan.- Investiga una
presunta trama de corrupción urbanística en el municipio Telde, de Gran
Canarias, que implica a cerca de 30 imputados entre políticos, funcionarios del
ayuntamiento y empresarios.
- Funeraria.- Escándalo de
corrupción relacionado con la gestión de la Empresa Funeraria Municipal del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. El exgerente de la Funeraria reconoció su
culpabilidad y aceptó tres años de cárcel. La Audiencia Nacional confirma la
condena de 500.000 euros a la Funeraria.
- Guateque.- Una presunta red
de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento del Madrid a cambio
de la concesión de licencias.
- Gürtel.- El nombre con el
que se conoce la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción sobre la
red de corrupción política vinculada al PP, que funcionaba principalmente en
las comunidades de Madrid y Valencia. El saldo del caso ha sido Bárcenas,
condenado a 33 años de cárcel y multa al PP de 245.000 euros.
- Hügel.- Se le abrieron
diligencias por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del
territorio al alcalde de Miraflores de la al Sierra, Pablo Altozano.
- Ibatur.- Sobre el amaño de
contratos y presunto cobro de comisiones utilizando los fondos públicos de la
Conselleria de Turismo de Baleares durante el gobierno autonómico controlado
por el PP entre los años 2003 y 2007.
- Imelsa.- Un informe de la
Agencia Tributaria de 2010 sacaba a relucir que Imelsa había pagado 34.829,22
euros a una de las empresas de la Trama Gürtel.
- Lasarte.- El amaño en la
concesión en Castilla y León de casi 400 expedientes para la instalación de
plantas solares.
- Lezo.- La llamada
Operación Lezo es una investigación centrada en un posible caso de corrupción
política en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II. La causa trata
de determinar si hubo desvío de fondos públicos que terminaron en las cuentas
personales de miembros del PP que ejercían en el gobierno de la Comunidad de
Madrid, como Ignacio González.
- Líber.- Un caso de
corrupción urbanística en una localidad de Murcia. El fiscal que lo investiga
ha sufrido varios robos en su domicilio.
- Lifeblood.- El Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la orden del Consejería de
Sanidad de 2011 por la que se dejó a la empresa Lifeblood fuera del concurso
para proveer de servicios de hemodiálisis a los Hospitales Doctor Negrín de
Gran Canaria y Doctor Molina Orosa de Lanzarote. El Ejecutivo ha recurrido la
sentencia.
- Madeja.- Se investiga el
pago de más de 4 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de
contratos públicos en Sevilla.
- Naseiro.- Poco después de la
llegada de José María Aznar a la presidencia del partido en 1989, se despató el
caso. Un juez instructor de Valencia dictó un auto de procesamiento contra
varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban su tesorero
Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales, diputado por Valencia y también
antiguo tesorero del partido.
- Nóos.- El caso Nóos,
también conocido como caso Urdangarin, es un caso de corrupción política que
comienza en 2010 como un caso derivado del caso Palma Arena al ser encausados
los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin, ex duque consorte de Palma
de Mallorca, y su exsocio Diego Torres. Los cargos por los que están imputados
por la Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación,
falsedad y blanqueo de capitales. Las actividades delictivas habrían sido
realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían así como de
una red societaria de empresas asociadas.
- Orquesta.- Sobre el supuesto
amaño de concesiones de obra pública en la localidad gallega de Carballo por
parte del alcalde.
- Over
Márketing.-
El amaño de contratos públicos en Baleares en favor del empresario Daniel
Mercado, implicado en varios casos de corrupción como financiador del PP.
- Pablo
Casado.-
La jueza del caso Cifuentes investigará el máster del joven dirigente popular
Pablo Casado. Se abrió una nueva pieza
separada para aclarar cómo obtuvo el mismo máster el vicesecretario de
Comunicación del PP.
- Palma
Arena.-
Proceso judicial por corrupción, con más de 25 piezas separadas, que se inicia
a raíz de la denuncia del nuevo conseller de Deportes del Gobierno Autonómico
de las Islas Baleares, el socialista Mateu Cañellas, quien aseguró que el
anterior gobierno autonómico del Partido Popular presidido por Jaume Matas
había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para el velódromo,
casi el doble de los 48 millones presupuestados.
- Parques
Eólicos.-
Se está llevando a cabo una investigación sobre la concesión de parques eólicos
a cambio de comisiones en Castilla y León.
- Patos.- Investiga la trama
de presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, que suma medio
centenar de políticos, y en el que está implicado el expresidente de la
Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán.
- Piscina.- Sobre la compra de
unos terrenos para la instalación de la piscina municipal en una localidad de
El Hierro, en Canarias.
- Pokémon.- Una trama de
sobornos en varios ayuntamientos de Galicia que afecta a políticos de PP y
PSOE.Según la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, no cabe
concluir que los ediles tuvieran la intención de delinquir. Este fallo revoca
la condena que les fue impuesta por el juez de primera instancia a nueve años
de inhabilitación por considerar que había aprobado el pago sin ajustarse a los
requisitos que fija la ley.
- Porto.- Una trama de
corrupción urbanística bajo el mandato de Esperanza Aguirre en la Comunidad de
Madrid.
- Púnica.- Operación Púnica
es el nombre dado al operativo policial en el que fueron detenidos por la
Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar
supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios
públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y
comisiones ilegales --del 2% a 3% del volumen del contrato-- que posteriormente
eran blanqueados a través de un entramado societario. Francisco Granados,
antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid detrás de Esperanza
Aguirre, fue uno de los principales implicados.
- Rasputín.- El pago con fondos
públicos del Gobierno balear de los servicios del un club de alterne en Moscú.
Le costó el cargo al gerente de Ibatur, Juan Carlos Alía.
- Scala.- El líder del PP de
Ibiza fue condenado a 16 años de cárcel por vaciar las arcas públicas.
- Taula.- Investiga la
financiación ilegal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia,
en una trama que implicaba a la fallecida alcaldesa Rita Barberá, y la
concesión ilegal de contratos públicos a cambio de sobornos.
- Terra
Natura.-
La Generalitat valenciana condenó a Terra Natura 1,7 millones de euros a cambio
de entradas, noches de hotel y a utilizar el campo de golf.
- Totem.- El exalcalde del
PP en Totana fue condenado por liderar una trama de corrupción y enriquecerse
con las comisiones millonarias que solicitaba por impulsar proyectos
urbanísticos.
- Troya.- El cobro de
sobornos por parte de el exalcalde de Alhaurín el Grande. Fue condenado por
cohecho con el pago de una multa de 200.000 euros, además de estar un año
suspendido.
- Túnel
de Sóller.-
El Túnel de Sóller fue un caso de corrupción que afectó al presidente de las
Islas Baleares Gabriel Cañellas, el cual tuvo que dimitir. Los hechos
consistieron en la adjudicación irregular de las obras de construcción del
Túnel de Sóller a Antoni Cuart, un empresario socio del presidente Gabriel
Cañellas y el pago de este de unos 50 millones de pesetas a la Fundació Illes
Balears, presidida por Gabriel Cañellas y al mismo PP, para sufragiar los
gastos de las campañas electorales de 1989 y 1991. La sentencia del Tribunal
Superior de Justícia de Baleares cerró el caso declarando probadas las
acusaciones, pero los acusados quedaron absueltos por la prescripción del
delito.
- Umbra.- Alberto Guerra,
exgerente de Urbanismo de Murcia, habría logrado un beneficio superior a
600.000 euros gracias a la recalificación de unos terrenos.
- Uniformes.- La Audiencia
impuso una pena de siete años de inhabilitación especial para la exalcaldesa de
Cadiz Eva Corrales por un delito de prevaricación, si bien la absolvió del de
negociaciones prohibidas por el que también estaba acusada.
- Zeta.- Una supuesta trama
de falsos cursos de formación y captación y gestión irregular de fondos
públicos en Galicia.
Fuente: cronicaglobal.elespanol.com
