Varias organizaciones advierten de los peligros del
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Bruselas y Ottawa, pendiente de
ratificación, que permitirá a las empresas demandar a los estados en los que
inviertan si estos realizan cambios normativos que afecten a sus inversiones
Nuevas dosis de opacidad y nuevas ventajas para las
empresas frente a los estados son, grosso modo, las claves del Tratado de Libre
Comercio entre la UE y Canadá, según el informe de varios organismos
internacionales, Vendiendo la Democracia, que ha visto la luz este mismo
miércoles.
El documento, al que ha tenido acceso este diario,
alerta de que el polémico CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), no
sólo servirá para reducir aranceles, como se empeñan en recordar sus
promotores, sino que además brindará nuevos poderes a las multinacionales, y
servirá como campo de pruebas de lo que vendrá después: el Tratado de Libre
Comercio entre la UE y Bruselas, el polémico TTIP, que la UE negocia con
sigilo, impermeable a las críticas de fuerzas políticas y organizaciones
sociales que alertan sobre sus peligros, y sobre el excesivo peso de las
multinacionales en las negociaciones.
En los 90 solo doce demandas de empresas a estados y en 2013 ya eran 568
· Ambos
acuerdos son similares en esencia, e incorporan un mecanismo de protección de
inversiones (ISDS), que permitirá a las empresas denunciar a los estados en los
que realicen inversiones, en caso de que estos países apliquen cambios
normativos que a juicio de las empresas perjudiquen a sus inversiones. Sin
embargo, el acuerdo con Canadá va un paso más allá, y también recoge el derecho
de las empresas a denunciar a los estados de verse perjudicadas las
"expectativas legítimas" sobre sus inversiones, en virtud de una
"cláusula de trato justo y equitativo". Por no hablar de la suerte de
cláusula zombie que incorpora el CETA, y que permitirá a las multinacionales
seguir demandando a los países en los que inviertan 20 años después de
disolverse esta alianza.
· El
mecanismo ISDS sólo permite que las empresas denuncien, no los estados. En vez
de recurrir a los tribunales nacionales, las corporaciones acuden a tribunales
arbitrales, que zanjan con laudos irrevocables estos litigios. Las disputas
suelen durar años, y obligan a los estados a afrontar costes millonarios, ganen
o pierdan. Según el estudio, la inclusión de este mecanismo sirve para conceder
aún más poder a las empresas, mientras los estados se enfrentan a árbitros que
actúan "con una clara tendencia a interpretar las leyes en favor de los
inversores".
·
Si
las empresas no se ponen de acuerdo con los estados para designar a los
árbitros, la pelota pasa al tejado del Centro Internacional para la Resolución
de Disputas sobre Inversiones (ICSID), dependiente del Banco Mundial. Para los
autores del documento, esto supone "dejar al zorro vigilando el corral de
las gallinas", en un sistema en el que ya contemplan el "conflicto de
intereses de los árbitros", que cuentan con potestad para decidir qué
demandas admitir, aunque sean "frívolas o infundadas", y no pueden
ser juzgados por las decisiones que adopten en estos procesos -cualquier juez
puede ser condenado por prevaricación, pero no estos árbitros-. Por todo ello, el estudio considera el ISDS
un arma contra los estados, que en muchas ocasiones les condiciona,
impidiéndoles aplicar cambios normativos por temor a las denuncias de las
multinacionales.
Hablando en términos económicos los litigios generarían a los estados como mínimo los siguientes costes medios procesales:
1)
Paises.-
Como media destinan 6 millones de euros para costear estos procesos, que duran años
2)
Arbitrajes.-
Los abogados cobran hasta 800 euros por hora, y los árbitros cerca de 2.400 por
día
Fuente: Publico.com
