4 de noviembre de 2024

OPINIÓN. Ángel Hurtado, juez que no vio relación entre la Gürtel y el PP, ahora investiga al fiscal general

 La intervención sin límites del móvil del fiscal general plantea el interrogante sobre que está buscando el Tribunal Supremo

El Juez Peinado ya no está solo en la cruzada contra el Gobierno y sus nombramientos

Ángel Hurtado, es un juez conservador, tanto en las formas como en el fondo, será el ponente de una “guerra de togas” sin precedentes contra el Fiscal General del Estado y el Gobierno de Pedro Sánchez

El magistrado que ha intervenido siete meses de comunicaciones de Álvaro García Ortiz lleva cuatro años con un perfil bajo en el Supremo después de intentar evitar que Rajoy compareciera en el juicio de Gürtel y proponer que el PP no fuera sancionado como partícipe a título lucrativo de la trama

Ángel Hurtado se ha convertido en el nuevo nombre propio del Tribunal Supremo después de cuatro años pasando desapercibido en su Sala de lo Penal. El magistrado, uno de los últimos en incorporarse al departamento de Manuel Marchena, envió el miércoles a la unidad de élite de la Guardia Civil al despacho del fiscal general para llevarse todas sus comunicaciones: correos, mensajes de móvil e incluso libretas y cuadernos. El primer gran caso que cae en manos de este juez llegado en 2020 de la Audiencia Nacional después de destacar por su oposición a que el Partido Popular saliera perjudicado del caso Gürtel o a que Mariano Rajoy declarase en el juicio de esa trama de corrupción. Y que al igual

Una causa bajo secreto contra el fiscal general

Ángel Hurtado llegó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el tiempo de descuento, nombrado por un Consejo del Poder Judicial caducado que todavía operaba con la mayoría del primer gobierno de Mariano Rajoy y a pocos meses de que un cambio legal bloquease la capacidad de este organismo para designar a la cúpula judicial mientras no hubiese renovación. Entró junto con Leopoldo Puente y Javier Hernández gracias a una abrumadora mayoría de 19 votos a favor en el órgano de gobierno de los jueces.

Considerado como un juez muy cercano a Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Hurtado se incorporó a la Sala de lo Penal en noviembre de 2020. Fue pocos días después de que sus nuevos compañeros certificasen el fracaso de su teoría sobre el PP en el caso Gürtel y pocos meses antes de que el Supremo tirase por tierra una sentencia de ponencia suya sobre un supuesto yihadista al que había condenado a cinco años de cárcel cuando era juez en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. El Supremo lo acusó de modificar “unilateralmente” los hechos probados de ese caso, entre otros correctivos.

En estos cuatro años, Hurtado ha mantenido el perfil bajo tradicional de los magistrados recién incorporados a la Sala, aunque a diferencia de sus compañeros de promoción se ha quedado fuera de tribunales de casos relevantes. Una de sus primeras sentencias condenó a dos líderes de grupos de música nazi, a un agente por revelar secretos de bases de datos policiales, a varios acusados del 'caso Serrallo' de corrupción en Granada, o al empresario minero Victorino Alonso. Suya es también la sentencia revelada por elDiario.es que absolvió a dos acusados de abusar en grupo de una menor de 13 años por su “simetría de edad y madurez” con la víctima.

En sus primeros años en la Sala también se ha encargado de estudiar las querellas y denuncias contra aforados, inadmitiendo acciones penales contra Pedro Sánchez, Ione Belarra, Irene Montero o Meritxell Batet interpuestas por organizaciones ultras como HazteOir o una agrupación vinculada a la agitadora ultra Cristina Seguí. La investigación penal contra el fiscal general del Estado ha sido, por el sistema de reparto de la Sala, la primera instrucción en caer en sus manos y el primer caso que dirige desde hace más de dos décadas.

Hurtado se enfrenta ahora a la causa de mayor trascendencia pública desde su abrupto paso por la sentencia del caso Gürtel que terminó tumbando el Gobierno de Mariano Rajoy. Su primer movimiento ha sido dar al investigado cinco días para que designase un abogado y acto seguido, enviar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a clonar todos sus dispositivos electrónicos. Una causa sobre una supuesta revelación de secretos que ha arrancado con la revelación de un registro y un auto judicial que, en teoría, también estaban bajo secreto de sumario en la Sala de lo Penal.

Fuente: El Diario.es