La intervención sin límites del móvil del fiscal general plantea el interrogante sobre que está buscando el Tribunal Supremo
El Juez Peinado ya
no está solo en la cruzada contra el Gobierno y sus nombramientos
El
magistrado que ha intervenido siete meses de comunicaciones de Álvaro García
Ortiz lleva cuatro años con un perfil bajo en el Supremo después de intentar
evitar que Rajoy compareciera en el juicio de Gürtel y proponer que el PP no
fuera sancionado como partícipe a título lucrativo de la trama
Ángel
Hurtado se ha convertido en el nuevo nombre propio del Tribunal Supremo después
de cuatro años pasando desapercibido en su Sala de lo Penal. El magistrado, uno
de los últimos en incorporarse al departamento de Manuel Marchena, envió el
miércoles a la unidad de élite de la Guardia Civil al despacho del fiscal
general para llevarse todas sus comunicaciones: correos, mensajes de móvil e
incluso libretas y cuadernos. El primer gran caso que cae en manos de este juez
llegado en 2020 de la Audiencia Nacional después de destacar por su oposición a
que el Partido Popular saliera perjudicado del caso Gürtel o a que Mariano
Rajoy declarase en el juicio de esa trama de corrupción. Y que al igual
Una
causa bajo secreto contra el fiscal general
Ángel
Hurtado llegó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el tiempo de
descuento, nombrado por un Consejo del Poder Judicial caducado que todavía
operaba con la mayoría del primer gobierno de Mariano Rajoy y a pocos meses de
que un cambio legal bloquease la capacidad de este organismo para designar a la
cúpula judicial mientras no hubiese renovación. Entró junto con Leopoldo Puente
y Javier Hernández gracias a una abrumadora mayoría de 19 votos a favor en el
órgano de gobierno de los jueces.
Considerado
como un juez muy cercano a Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, Hurtado se incorporó a la Sala de lo Penal en noviembre
de 2020. Fue pocos días después de que sus nuevos compañeros certificasen el
fracaso de su teoría sobre el PP en el caso Gürtel y pocos meses antes de que
el Supremo tirase por tierra una sentencia de ponencia suya sobre un supuesto
yihadista al que había condenado a cinco años de cárcel cuando era juez en la
Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. El Supremo lo acusó de modificar
“unilateralmente” los hechos probados de ese caso, entre otros correctivos.
En
estos cuatro años, Hurtado ha mantenido el perfil bajo tradicional de los
magistrados recién incorporados a la Sala, aunque a diferencia de sus
compañeros de promoción se ha quedado fuera de tribunales de casos relevantes.
Una de sus primeras sentencias condenó a dos líderes de grupos de música nazi,
a un agente por revelar secretos de bases de datos policiales, a varios
acusados del 'caso Serrallo' de corrupción en Granada, o al empresario minero
Victorino Alonso. Suya es también la sentencia revelada por elDiario.es que
absolvió a dos acusados de abusar en grupo de una menor de 13 años por su
“simetría de edad y madurez” con la víctima.
En
sus primeros años en la Sala también se ha encargado de estudiar las querellas
y denuncias contra aforados, inadmitiendo acciones penales contra Pedro
Sánchez, Ione Belarra, Irene Montero o Meritxell Batet interpuestas por
organizaciones ultras como HazteOir o una agrupación vinculada a la agitadora
ultra Cristina Seguí. La investigación penal contra el fiscal general del
Estado ha sido, por el sistema de reparto de la Sala, la primera instrucción en
caer en sus manos y el primer caso que dirige desde hace más de dos décadas.
Hurtado
se enfrenta ahora a la causa de mayor trascendencia pública desde su abrupto
paso por la sentencia del caso Gürtel que terminó tumbando el Gobierno de
Mariano Rajoy. Su primer movimiento ha sido dar al investigado cinco días para
que designase un abogado y acto seguido, enviar a la Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil a clonar todos sus dispositivos electrónicos. Una causa
sobre una supuesta revelación de secretos que ha arrancado con la revelación de
un registro y un auto judicial que, en teoría, también estaban bajo secreto de
sumario en la Sala de lo Penal.
Fuente: El Diario.es