25 de enero de 2018

ESPAÑA. Fin de ocultamiento de brechas de seguridad

La nueva ley de protección de datos exige a las compañías comunicar las violaciones de datos personales.
El articulado afecta directamente a la política de ciberseguridad de las empresas. Así, establece la obligación de comunicar las violaciones de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo de 72 horas desde que la organización tiene conocimiento de la misma, salvo que no suponga un riesgo para los derechos y libertades de los interesados. Si esta violación supone un alto riesgo para los afectados, además debe comunicarlo a éstos directamente y sin dilación. La ley entiende como violación de la seguridad la que ocasione "la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales (...) o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos". Si no hay notificación, la empresa se expone a multas que pueden ascender a 20 millones de euros o el 4% de su facturación anual.
FINALIDAD
Según apunta Jesús Yañez, socio de Ecija, esta novedad en el ámbito de la comunicación de las violaciones de la seguridad tiene tres finalidades: ayudar a la coordinación de respuesta ante incidencias por parte de las autoridades, lograr mayor transparencia de cara a los particulares y aumentar la concienciación entre las empresas para implementar las medidas de seguridad necesarias.
"Vamos a asistir a una oleada de informaciones sobre brechas de seguridad en empresas europeas", opina Luis Corrons, director técnico del laboratorio de la empresa española de ciberseguridad Panda.
LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA CIBERSEGURIDAD
Seguridad de los datos. La legislación exige la comunicación de las violaciones de datos o brechas de seguridad salvo que no supongan un riesgo para los intereses y libertades de los interesados.
Celeridad. La comunicación a la Agencia de Protección de Datos se debe hacer en un plazo máximo de 72 horas.
Medidas. Las empresas deberían implantar un protocolo que detalle cómo actuar en estos casos y minimizar así el impacto económico y reputacional de una brecha.
Noticias que, hasta ahora, han protagonizado fundamentalmente empresas estadounidenses, que están obligadas legalmente a comunicar estos ciberataques, como ha ocurrido con los robos masivos de datos de clientes que han sufrido compañías como el servicio de Internet Yahoo!, el banco JPMorgan, la cibertienda eBay, la firma de solvencia crediticia Equifax, o la aseguradora Anthem.
EFECTO POSITIVO
"Vamos a ver una oleada de noticias sobre brechas de seguridad", opina Corrons, de Panda
Corrons apunta un efecto positivo de la nueva legislación al ayudar a generar una mayor cultura de seguridad. "Va a favorecer una mayor preocupación por la ciberseguridad por parte de empresas e instituciones. Es cierto que nadie está libre de ser víctima de un ciberataque, pero cuando no hay obligación de comunicarlo a los clientes afectados y a las autoridades, la preocupación puede ser menor ", opina este experto, quien considera que debido a la nueva normativa, las empresas destinarán "más recursos, presupuestos y atención a la ciberseguridad".
En esta línea, Daniel González, senior account manager de la empresa de soluciones de movilidad MobileIron, también considera que el nuevo reglamento se traducirá en un aumento de los recursos destinados a seguridad. "Ya estamos constatando que las empresas están dedicando más presupuesto a implementar herramientas que les ayudan con la gestión y la securización de todo tipo de dispositivos. El GDPR ayudará a que adopten soluciones de ciberseguridad de nueva generación para plataformas de movilidad y para detección de malware", opina González.
PROTOCOLO
Además de nuevas herramientas, las empresas deberían implantar un protocolo para manejar estos supuestos, puesto que la ley impone un marco temporal muy corto para comunicar las brechas y, además, puede ocurrir que éstas ocurran en los sistemas de los proveedores tecnológicos de una empresa. "Una regulación interna procedimentada es necesaria para cumplir plazos y, sobre todo, realizar una notificación coordinada que aminore riesgos económicos y reputacionales", apunta Yañez.
Fuente: Expansion.com